Juan Carlos I llegó a la residencia de Pedro Campos y de su mujer, Cristina Franze, en la playa de Nanín en Sanxenxo (Pontevedra) a mediodía del 2 de agosto del pasado año. Había partido de la Zarzuela seis horas antes en un vehículo 4×4 de color verde, debidamente adaptado a sus limitaciones de movilidad. Cubrió los 662 kilómetros de distancia de un tirón, sin necesidad de repostar. La autonomía del SUV era necesaria para preservar por completo la discreción del desplazamiento del Rey emérito. Apenas si hubo despedida familiar. La frialdad afectiva se había adueñado de la residencia del jefe del Estado desde hacía ya mucho tiempo. El ambiente en el palacete era tenso y denso. Irrespirable.

El padre del Rey no deseaba ese viaje pero, bajo condiciones que podrían estar reflejadas en un documento todavía sin desvelar, aceptó expatriarse para «facilitar el ejercicio» de las funciones de Felipe VI, profundamente interferidas por las constantes informaciones sobre lo que el propio monarca abdicado calificó como «ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada». Como miembro de la familia real, Juan Carlos de Borbón era consciente de que debía obediencia a su hijo cuya decisión, en último término, fue determinante aunque se la trasladase el jefe de su Casa, Jaime Alfonsín, después de que este la negociase con Carmen Calvo, siempre bajo la supervisión del presidente del Gobierno y del propio Rey.

La salida del emérito de España era la opción más verosímil desde que en marzo de 2019 los abogados británicos de Corina Larsen remitieron a la Zarzuela un relato pormenorizado de las relaciones entre su clienta y el padre del Rey, la supuesta donación que este le hiciera con fondos de otra anterior recibida por él de Arabia Saudí y cuyo importe (100 millones de dólares) se depositó en la Fundación Lucum, liquidada en 2012. La transferencia se había ocultado a la hacienda pública española. Larsen quería «negociar» los términos de un acuerdo inespecífico que Alfonsín y la Moncloa, con el mejor criterio, desestimaron por completo. La jefatura del Estado nada tenía que negociar con ella, «ni con nadie».

Felipe VI desconocía la ingeniería financiera de su padre y cuando tuvo información de ella le conminó a trasladarse a Londres y tratar de recuperar «el regalo» de 64 millones de euros —¿un aparcamiento? ¿un fideicomiso?— a su amiga y con esos fondos regularizar fiscalmente la donación saudí ante la Agencia Tributaria y la Comunidad de Madrid. Aunque Larsen le recibió en su apartamento londinense la petición de Juan Carlos I cayó en saco roto. El emérito regresó a Madrid desarbolado y comunicó a su hijo que la gestión había fracasado. 

No había forma de ponerse al día con la hacienda pública porque tampoco el emérito consiguió entonces el apoyo financiero de algunas fortunas españolas a las que pidió ayuda. En febrero pasado se la prestaron para afrontar una regularización de casi cuatro millones y medio de euros en concepto de IRPF, después de la anterior de diciembre de 2020 por un importe de más de 600.000.

El cerco se estrechaba para el Rey y para su padre. Felipe VI no podía dejar de tomar medidas y las fue implementado desde el mes de abril: renunció ante notario a cualquier fondo financiero no regular que le fuera transmitido por vía testamentaria, fuera a él o a la Princesa de Asturias; le apartó de la agenda de representación pública que le encomendó tras la abdicación en 2014, suprimió su secretaría personal en su Casa, le retiró medios personales y materiales a su disposición y la asignación presupuestaria de casi 200.000 euros anuales de la que disfrutaba. Un grave problema cardíaco —del que Juan Carlos I fue operado a corazón abierto en agosto de 2019— ralentizó otras decisiones y, en particular, la de su expatriación.

El cinco de junio de 2020 la fiscal General del Estado dictó un decreto abriendo diligencias prejudiciales e indagatorias sobre posibles hechos delictivos del Rey emérito, encomendándoselas a Juan Ignacio Campos, fiscal de Sala del Supremo y luego teniente fiscal del alto tribunal y número dos de la carrera. Juan Carlos I se hizo con los servicios del letrado Javier Sánchez Junco —exfiscal con destino en anticorrupción— y comenzó a ser consciente de que su estancia en España era insostenible, entre otras razones porque percibió con claridad que el propio Rey, el jefe de su Casa y el presidente del Gobierno consideraban su presencia en la Zarzuela como «indeseable» dadas las circunstancias. 

Juan Carlos I comenzó a ser consciente de que su estancia en España era insostenible 

El emérito, no sin resistencia, se avino a la expatriación. Pero sabedor también de su margen de maniobra —no estaba sometido a medida cautelar alguna de naturaleza judicial— negoció las condiciones de su salida de España: él determinaría su destino; él sería libre de alterarlo y solo él autorizaría la comunicación pública de su localización en el momento que lo considerase conveniente. La Casa del Rey, de acuerdo con la presidencia del Gobierno, le asignó seguridad policial rotatoria y asistentes personales. Toda la operación se llevó con la máxima discreción. Ni una filtración. Sánchez solo permitió que el asunto fuera manejado en Moncloa por la entonces vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y por el luego destituido director de su Gabinete, Iván Redondo. 

Los ministros concernidos por la expatriación del Rey emérito —Exteriores, Interior, Defensa— se enteraron de su marcha con un estrecho margen de tiempo. Y a las 18 horas del día 3 de agosto de 2020, la Casa del Rey —tras un aviso mediante SMS a los periodistas que siguen la información de la Jefatura del Estado— publicó un comunicado en el que se daba cuenta de la marcha de Juan Carlos I. Hasta catorce días después, el emérito no autorizó desvelar que se encontraba en Abu Dabi a donde había llegado horas antes de que se difundiera la nota emitida por los servicios de prensa que en Zarzuela dirige Jordi Gutiérrez. 

Los ministros concernidos por la expatriación del Rey emérito —Exteriores, Interior, Defensa— se enteraron de su marcha con un estrecho margen 

Juan Carlos I decidió el itinerario de su expatriación. El sábado día 1 de agosto telefoneó a su amigo Pedro Campos, presidente del Club Náutico de Sanxenxo, regatista internacional y compañero de navegación del emérito desde finales de los noventa y acogido a la hospitalidad de su casa desde su abdicación en 2014. Le anunció que estaría allí el día siguiente. Campos es un amigo muy leal del monarca que le recibía todos los veranos y, con frecuencia, cuando se celebraban regatas, el deporte favorito del monarca abdicado. Para Campos la visita del Rey emérito no resultaba extraña porque todos los veranos pasaba en Sanxenxo unos días para luego partir a otros destinos vacacionales. Esta vez era distinto. El padre del Rey se desplazaba a la localidad pontevedresa para salir después del aeropuerto de Vigo —a 60 kilómetros de la residencia en la que se alojaba— en un avión privado la mañana del día 3 de agosto rumbo a la capital de Emiratos Árabes Unidos, a más de 6.000 kilómetros de distancia, en un vuelo sin escalas de seis horas de duración. 

Pedro Campos ha negado que Juan Carlos I le informase de su expatriación. Esa versión no coincide con otras. Pero fuese así o de otra manera, el emérito almorzó con su amigo y su mujer y permaneció en su residencia de la playa de Nanín toda la tarde, sin salir del recinto de la amplia vivienda con jardín. La tarde del 2 de agosto, era domingo, se hacía larga; casi tediosa. El padre del Rey mostraba síntomas de abatimiento. Cristina France, que le tiene gran afecto, le propuso ver una película. Pero ¿cuál? Una divertida, llevadera. ¿Ha visto usted las «Autonosuyas» de Alfredo Landa? Juan Carlos de Borbón no la recordaba. Y la «disfrutaron» los tres. Un film de los años ochenta, basada en el guion de la novela de Fernando Vizcaíno Casas del mismo título, y dirigida por Rafael Gil. El emérito sonrió y se entretuvo. Pero estaba cansado y al día siguiente le esperaba un largo vuelo. La cena fue frugal. Pedro Campos y él se habían conjurado en perder peso. El regatista lo había conseguido ampliamente: se deshizo de 25 kilos y su apariencia es ahora más juvenil. El monarca, sin embargo, solo había logrado librarse de seis u ocho. Por eso la cena fue parca —según alguna versión fiable, consistió en un café descafeinado y unas galletas— pese al relato excéntrico según el cual habría sido una mariscada en un lugar público y con amigos.

El Rey emérito amaneció pronto pero se condujo sin prisas. Se despidió de sus amigos en torno a las 10 de la mañana del día 3 de agosto y se dirigió al aeropuerto de Vigo; desde allí voló directamente a Abu Dabi. Hizo algunas llamadas tratando de convencer a sus interlocutores de que marchaba de «vacaciones», «una temporada» y que volvería «pronto». No comunicó su destino más que a Pedro Campos —él lo niega— y quizás a dos personas más de su círculo íntimo. Lleva en la capital de Emiratos Árabes ya un año y no se sabe cuándo volverá. Depende de que sobre las diligencias de la fiscalía —con una demora excesiva e incomprensible— se tome la decisión de archivarlas o de denunciar o querellarse contra el emérito ante la Sala Segunda del Supremo. En estos meses han mediado dos regularizaciones fiscales voluntarias por un importe de más de cinco millones de euros y la apertura de una inspección fiscal. Siguen apareciendo indicios de irregularidades y su primo lejano, Álvaro de Orleans, se perfila como su gran testaferro, pese a su desmentido rotundo. Sin embargo, no hay decisiones concluyentes. 

Tampoco hay fecha de regreso. Las visitas de su hijas y amigos le hacen llevadero lo que él considera un auténtico exilio forzado; el trato de la autoridades emiratíes es exquisito; la protección que recibe en su intimidad y en las atenciones a su bienestar, totales. En Moncloa, con la salida de Carmen Calvo, los interlocutores de Jaime Alfonsín han cambiado: ahora ha tomado las riendas Félix Bolaños, ministro de la Presidencia. Pero Sánchez mantiene la continuidad de criterio respecto de este tema: no gubernamentalizarlo, esperar la decisión de la fiscalía y preparar los escenarios posibles. Calvo dejó avanzados algunos borradores de disposiciones administrativas quizás necesarias en un futuro inmediato; también previó el regreso del rey emérito —temporal— pensando en residencias de Patrimonio Nacional para alojarle «dignamente».

La opinión pública española no comprendió inicialmente la expatriación del Rey emérito. Los partidos republicanos e independentistas la consideraron una «fuga». Esa no era la realidad entonces ni lo es ahora. El relativo olvido mediático del alejamiento de Juan Carlos I acreditaría que la pretensión perseguida por la Casa del Rey y por el Gobierno con la expatriación se ha cumplido: situar el foco sobre Felipe VI y su actividad institucional. 

Sánchez mantiene la continuidad de criterio con este tema: no gubernamentalizarlo 

La última encuesta elaborada por Metroscopia el pasado mes de junio sobre la percepción social de Felipe VI, con motivo del séptimo aniversario de su proclamación ante las Cortes Generales, arrojó un buen resultado para el monarca: un 74% de los consultados consideraba que el jefe del Estado está desempeñando adecuadamente sus funciones, en un período de tiempo que el 77% estimaba como «complicado y difícil». El 89% consideraba al Rey como «bien preparado para desempeñar su cargo» lo que inspiraba confianza al 78%. Especial relevancia tiene el dato de que el 79% apreciaba la capacidad del Rey para encajar situaciones adversas y el de que hasta el 66% opinaba que Felipe VI «ha actuado de manera acertada en relación con don Juan Carlos», siendo las perspectivas de la institución de la Corona de gran aceptación. Pero a esta historia le faltan aún muchos capítulos mientras ya están en marcha producciones audiovisuales, de ficción y documentales, para explotarla comercialmente. 

(*) El relato completo de la expatriación se recoge en el tercer capítulo de ‘Felipe VI. Un rey en la adversidad’ (Editorial Planeta), pero la crónica precedente recoge detalles nuevos e inéditos posteriores a la publicación del libro y que complementan el relato.