Luis Casal-Vozpópuli
- Tanto los socios parlamentarios como el bloque de oposición en el Congreso reclaman explicaciones sobre el papel de Rabat en la oleada migratoria
El Gobierno ha necesitado menos de un mes para quedarse prácticamente solo en el Congreso en una de las ideas centrales con las que ha afrontado la crisis de Ceuta: Marruecos no fue el problema. O, al menos, no existen pruebas para sostener que lo fuera. Pedro Sánchez abrió ese camino, Félix Bolaños lo convirtió el jueves en doctrina y Fernando Grande-Marlaska lo ratificó este viernes ante una Cámara en la que desde el PP hasta los socios de la izquierda cuestionan ya abiertamente el comportamiento del PSOE con respecto a la administración de Rabat.
El propio Ejecutivo ha definido en multitud de ocasiones y con diferentes voces lo ocurrido los días 30 y 31 de julio como un «ataque a la integridad territorial de España». Cerca de 72.000 personas entraron entonces en Ceuta desde Marruecos. Sin embargo, desde el primer momento Moncloa evitó responsabilizar al país vecino, por acción u omisión, y puso el acento en la colaboración posterior de sus autoridades para devolver a quienes habían cruzado la frontera.
En su única comparecencia pública durante la crisis, Pedro Sánchez calificó a Marruecos como país «aliado» y elogió su cooperación. En Moncloa sostienen que Rabat tampoco conocía de antemano lo que iba a ocurrir y destacan que ya durante aquella misma tarde facilitó las operaciones de retorno. «El que defienda la teoría de la conspiración de que Marruecos te la ha jugado, que vaya a un juzgado y presente las pruebas», resumen fuentes gubernamentales.
El argumento supone una diferencia sustancial respecto a la crisis de Ceuta de 2021, inevitablemente presente en todas las comparaciones. Entonces, con una entrada de migrantes muy inferior a la de este verano, la relación entre Madrid y Rabat atravesaba uno de sus peores momentos y dirigentes marroquíes llegaron a vincular públicamente la tensión con la acogida hospitalaria en España del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, y con la disputa sobre el Sáhara Occidental. Ahora el Gobierno utiliza precisamente la buena comunicación con Marruecos como una de las pruebas de que no hubo una operación promovida desde el otro lado de la frontera.
La explicación ha sobrevivido dentro del Consejo de Ministros con una excepción significativa. Margarita Robles se apartó durante unas horas del guion al reclamar responsabilidades a «quien haya estado detrás de esto, las mafias o quien lo haya consentido». Todo esto mientras la ministra de Defensa mantenía una discrepancia pública con Interior sobre los avisos previos del CNI, aunque el resto del Ejecutivo ha cerrado filas con Marlaska y sostiene que no existió información suficientemente concreta como para anticipar una entrada de semejante magnitud.
Fuera del Gobierno, sin embargo, el consenso se ha ido deshaciendo.
Esta semana lo dejó especialmente claro la comparecencia de Bolaños ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional. «No existe ninguna evidencia de que Marruecos haya impulsado la entrada en la frontera de Ceuta», afirmó el ministro de Presidencia. Y lo repitió: «No hay ninguna evidencia de que Marruecos haya liderado esto». El ministro reprochó al PP que lanzara «insidias» contra un país vecino y extendió después su crítica a otros grupos por realizar afirmaciones «muy graves» basadas, a su juicio, en «conjeturas, insinuaciones o imaginaciones».
El problema para el Ejecutivo es que las sospechas ya no proceden exclusivamente de PP y Vox.
Todo el Congreso en contra
Sumar calificó a Marruecos como un «régimen despótico» y reprochó que no hubiera avisado de lo que estaba sucediendo. El PNV consideró difícil creer que las autoridades marroquíes desconocieran completamente lo que se estaba preparando y habló incluso de una posible «anuencia tácita». ERC acusó al Gobierno de moverse con Rabat «entre la realpolitik, el alivio y el autoengaño». EH Bildu ironizó con que «no hace falta ser Pericles» para sospechar del papel marroquí y reclamó conocer no ya si ocurrió algo, sino «por qué fue». Junts llevó la acusación un paso más allá y preguntó a Bolaños «qué sabe Marruecos de ustedes» y cuáles fueron las contrapartidas del cambio español sobre el Sáhara.
Compromís también señaló directamente a la monarquía alauí. Es decir, en una cuestión que tradicionalmente obliga al Gobierno a caminar con especial cautela por razones diplomáticas, estratégicas y migratorias, el PSOE ha terminado compartiendo cada vez menos terreno incluso con los grupos que sostienen habitualmente al Ejecutivo.
Marlaska tuvo este viernes la oportunidad de introducir algún matiz. Hizo lo contrario.
«Hay que destacar la colaboración con Marruecos, que ha sido sostenida y eficaz a lo largo de los años», defendió ante el Congreso. Según el ministro, durante el 30 y el 31 de julio existió «en todo momento una estrecha colaboración con las autoridades marroquíes» para facilitar los retornos. Recordó además que Rabat ha interceptado miles de salidas irregulares hacia España y separó así dos planos que buena parte de la Cámara considera inseparables: quién estuvo detrás de la crisis y qué hizo Marruecos una vez iniciada.
La paradoja acompaña al Gobierno desde el principio. Si aquello fue un «ataque a la integridad territorial», como sostiene Marlaska, queda por determinar quién atacó. Interior asegura que continúa investigándolo y habla de «causas plurales«, pero rechaza mientras tanto atribuir a Marruecos cualquier responsabilidad sin pruebas.
La defensa de Rabat se ha mantenido incluso después de que dos ministros marroquíes recuperaran durante estas semanas las reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla. Bolaños restó trascendencia a esas declaraciones al situarlas en el contexto de las elecciones generales marroquíes del 23 de septiembre.
El Ejecutivo insiste en que esa relación funciona y que la cooperación migratoria durante la crisis lo demuestra. Sus socios creen cada vez menos que esa explicación sea suficiente. La oposición directamente la rechaza. Después de un mes de crisis, comparecencias y contradicciones, el principal apoyo parlamentario de Marruecos ya no está en ningún tratado diplomático ni en una mayoría transversal del Congreso. Está, esencialmente, en el PSOE y en nadie más.