JUANFER F. CALDERÍN – EL MUNDO – 08/04/17
· El autor describe la importancia capital de conseguir analizar las armas para poder determinar la autoría de los crímenes de ETA no resueltos.
La historia de ETA es la historia de asesinatos cometidos en silencio, un silencio provocado por la ausencia de miradas curiosas o por la presencia de miradas temerosas de convertirse en protagonistas, en enemigas de pistoleros sin escrúpulos que no necesitaron amenazar para que otros se sintiesen amenazados. Pero ahí estaban las armas.
Cuando ETA trataba de teatralizar su supuesto final el pasado 16 de diciembre en la localidad francesa de Louhossoa, un grupo de personas fue descubierto cortando cañones de pistolas para inutilizarlas. Muchos entienden que la destrucción de arsenal es algo bueno, necesario. Sin embargo, no tantos conocen hasta qué punto recortar el cañón de una pistola o mover un fusil de sitio puede ser equiparable a sepultar un testimonio de autoridad capaz de poner nombre y apellidos al criminal que se sirvió del silencio o del miedo para pasar inadvertido pese a haber arrebatado una vida.
La cuestión no es únicamente jurídica, sino histórica. Así, una pistola es capaz de poner luz en debates tan polémicos como la reinserción de terroristas o la colaboración prestada, o no, por quienes se presentan ante la sociedad como ex miembros de ETA arrepentidos de su pasado. Un arma puede incluso desvelar incomprensibles errores en la gestión judicial de asesinatos terroristas o dar cuenta de series de crímenes que a priori fueron concebidos como asesinatos aislados.
El 6 de abril de 1989 dos miembros de ETA, un hombre y una mujer, asestaron cuatro tiros al guardia civil José Calvo de la Hoz en Santurce (Vizcaya). El crimen pasó a la historia como el modo en que ETA quiso escenificar la ruptura de las Conversaciones de Argel. Pero con los años ese asesinato se convirtió en algo más, en la evidencia de la no colaboración de los presos de ETA integrados en la vía Nanclares para favorecer el esclarecimiento de asesinatos. Seis casquillos en el suelo. Seis testigos de excepción que permitieron probar que la pistola con la que la hoy arrepentida Carmen Guisasola fue arrestada en noviembre de 1990 había escupido fuego contra De la Hoz. El crimen sigue impune. Carmen Guisasola fue condenada por encubrimiento al negarse a explicar quién le dio esa pistola o quién la usó para matar. El arma habló; ella sigue sin hacerlo.
Si una pistola desmonta hoy la presunta colaboración de Guisasola con las autoridades, otra echó por tierra la credibilidad del también etarra arrepentido Valentín Lasarte, cuando este negó en un juicio celebrado en 2011 saber quién disparó a Alfonso Morcillo, sargento de la Policía Municipal de San Sebastián asesinado en la localidad guipuzcoana de Lasarte el 15 de diciembre de 1994. Sin embargo, una Browning modelo GP-35 demostró que Lasarte mentía.
Según declaraciones de Lasarte en sede judicial en 1996, esa pistola le fue entregada por el dirigente de ETA José Javier Arizkuren Ruiz, alias Kantauri, en Bayona (Francia), en un encuentro mantenido en octubre de 1994. Y la utilizó hasta el 17 de agosto de 1995, cuando el hoy ex miembro de ETA sufrió un accidente en un Opel Kadett negro utilizado en el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Arnedo (La Rioja) ese mismo día. La Browning, la misma que se utilizó para matar a Morcillo, fue hallada a nueve metros del coche siniestrado. La Audiencia Nacional concluyó: «Si existen noticias de que algún miembro del comando Donosti usaba una pistola Browning 9 milímetros Parabellum era, precisamente, según su propio decir, Valentín Lasarte».
Los hechos probados determinan que a Morcillo le asesinaron tres personas, que Lasarte aguardó en el coche y que Francisco Javier García Gaztelu, Txapote, presenció el asesinato. O Txapote o el tercer etarra dispararon con la Browning de Lasarte. ¿A quién prestó su arma Lasarte? Él dice no recordarlo. Una criminal sigue libre.
Las armas contradicen, pero también incriminan. Pese a que la Administración de Justicia tarde décadas en vincular entre sí una serie de asesinatos hermanados por una pistola.
En agosto de 1992, ETA mató a una pareja de guardias civiles en Oyarzun (Guipúzcoa). José Manuel Fernández Lozano recibió varios impactos en la cabeza. Juan Manuel Martínez Gil, un balazo en la garganta. Menos de un mes después, ETA disparó a Ricardo González Colino en la cabeza en San Sebastián. Sólo una pista: un casquillo del calibre 9 milímetros Parabellum. Nada más.
Los informes de balística señalaron que la pistola que había acabado con Ricardo era la misma que se utilizó en el asesinato de los guardias civiles José Manuel Fernández Lozano y Juan Manuel Martínez Gil. Entonces, los investigadores no pudieron poner nombre a quien apretó el gatillo. No obstante, en enero de 1993 se produjeron otros dos asesinatos con la misma pistola. El 19 de enero de 1993 ETA mató en San Sebastián al ex jugador de la Real Sociedad José Antonio Santamaría Vaqueriza. Y dos días después, en la misma ciudad, al funcionario de prisiones José Ramón Domínguez.
Las pruebas de balística vincularon los asesinatos de Vaqueriza y de Domínguez. Y ello conllevó la condena de etarras como Juan Antonio Olarra Guridi, Valentín Lasarte o José María Iguerategui Gillisagasti en 2007, 1997 y 2007, respectivamente. Con todo, y pese a que los informes de balística eran accesibles desde los 90, en 2012 la Justicia aún no había sabido vincular estos asesinatos con los de Ricardo González Colino y los guardias civiles José Manuel Fernández Lozano y Juan Manuel Martínez Gil. No se trata de un caso aislado.
Sucedió lo mismo tras el asesinato de Patxi Arratibel, el 11 de febrero de 1997 en Tolosa (Guipúzcoa). ETA le disparó en la nuca con una pistola FN modelo HP-1935. Los análisis balísticos zanjaron que el arma se usó además en el asesinato del empresario Isidro Usabiaga, al que ETA había disparado en Ordicia el 26 de julio de 1996. Pese a la información disponible en 1997, la Justicia no incluyó en el sumario de Usabiaga datos referentes a los vínculos con el asesinato de Arratibel hasta 2014. Diecisiete años después.
La desidia a la hora de utilizar armas para alumbrar rincones oscuros de la historia del terrorismo en España ha puesto en evidencia, en muchas ocasiones, al Estado de Derecho. Con todo, el hecho de que haya habido armamento de la organización terrorista ETA que, décadas después, sirviese para ajusticiar a criminales o para poner verdad donde sólo había incertidumbre convierte el desarme anunciado por la banda en una oportunidad única para que el Estado de Derecho se redima de sus brutales incongruencias a lo largo de las últimas décadas. Y es que si bien las armas hablan, hay que querer escucharlas.
Juanfer F. Calderín es periodista y autor de Agujeros del sistema. Más de 300 asesinatos de ETA sin resolver.