El miedo es libre y puede provocar, ante la misma amenaza, actitudes diametralmente opuestas. Recurrir al juez o callar. Aunque el silencio no es recomendable. Ha servido, durante demasiado tiempo, para alimentar a la bestia.
Seguramente si todos los cargos públicos amenazados por los terroristas hubieran tenido el arrojo y la diligencia de la concejala del PP de Getxo, Marisa Arrúe, ahora mismo muchos envalentonados de la kale borroka estarían cumpliendo penas impuestas por la Justicia. Además de cursar la correspondiente denuncia era preciso, sin embargo, que se diera otra condición para que las amenazas en Euskadi no salieran gratis: que se produjera la coincidencia astral entre la conciencia de los amenazados y la voluntad de apretar la presión judicial sobre el entorno de ETA, claro está. Nuestra historia está trufada de casos de amenazados e insultados en plena calle, pero muchos de los coaccionadores se han librado de pagar por ello sin tener que rendir cuentas ante el juez, bien porque sus víctimas no han querido sufrir las consecuencias de una posible venganza y han preferido no presentar denuncia, bien porque el momento político no aconsejaba a la Fiscalía un enfrentamiento judicial con el entorno de ETA o bien porque el Gobierno vasco los ha considerado incidentes callejeros sin mayor trascendencia.
Ahora los tiempos han cambiado y quienes cometen el delito de coaccionar y amenazar a un cargo público tienen que pagar un precio. Y si una persona amenazada presenta denuncia, como ha sido el caso de la edil popular Marisa Arrúe, que decidió llevar a su acosador a los tribunales, los jaleadores del terrorismo saben que la intimidación que practican les terminará pasando factura. Zigor Goikoetxea, hermano del presunto jefe del ‘comando Vizcaya’ desarticulado, ya se dio ayer por enterado de que las amenazas de muerte, en este país, constituyen un delito. Él lo cometió, presuntamente, el pasado 10 de agosto, en el mercado de San Lorenzo, al amenazar a la edil popular, pero antes de verse de nuevo en la cárcel (se encontraba en libertad bajo fianza por motivos de salud) planteó al juez Fernando Andreu, a través de su abogado, la posibilidad de que se le aplicara una orden de alejamiento de su víctima. No obstante, el juez seguramente consideró que si Goikoetxea pasa un tiempo en prisión estará ya lo suficientemente alejado de la edil popular.
Marisa Arrúe tiene miedo. Y así lo confesó en la puerta de la Audiencia Nacional a donde llegó acompañada de su presidente, Antonio Basagoiti. Pero ha preferido acudir a la Justicia porque considera una obligación poner a los que practican el matonismo verbal con tanta impunidad en manos del juez. Podría haber optado por el plan más cómodo, el del silencio. De hecho, otro cargo público, de adscripción nacionalista, fue también amenazado por el mismo individuo que le espetó, en plena calle, el deseo de que sus hijos «tengan el mismo destino que mi hermano». Pero el amenazado ha preferido mantener silencio. El miedo es libre y puede provocar, ante la misma amenaza, actitudes diametralmente opuestas. Recurrir al juez o callar. Aunque el silencio no es recomendable. Ha servido, durante demasiado tiempo, para alimentar a la bestia.
Tonia Etxarri, EL CORREO, 27/8/2008