El Gobierno de España ha vuelto a servirse de forma injustificada de la figura del indulto. La conmutación de la pena de cárcel de dos años y cuatro meses de prisión a María Sevilla, condenada por sustracción de menores en 2020, constituye un nuevo episodio de empleo ideológico de una medida de gracia de dudosa justificación.

Si el indulto ya constituye de por sí una excepción de difícil encaje en un Estado de derecho sometido al imperio de la ley, resulta intolerable utilizarlo como recurso habitual para enmendar desde la política decisiones judiciales firmes.

Porque Sevilla, expresidenta de la asociación Infancia Libre, no sólo acusó sin pruebas a su exmarido de cometer abusos sexuales contra su hijo. También decidió tomarse la justicia por su mano después de que el juez archivara sus denuncias falsas y le otorgase al padre la custodia del hijo que tenían en común.

Sevilla secuestró a su hijo en 2019 y lo mantuvo retenido en una finca de Cuenca en condiciones insalubres junto a su segunda hija. Los agentes que detuvieron a la madre encontraron a unos niños sin escolarizar, en estado de semisalvajismo y prácticamente lobotomizados por el fanatismo religioso de Sevilla.

¿Cómo puede el Gobierno, movido por la ceguera ideológica de una rama del feminismo más radicalizado, ser cómplice de un atentado contra los derechos de un padre al que se le privó de ver a su hijo? ¿Qué criterio de «justicia y equidad» concurre en este caso para conceder el indulto parcial a una madre a quien le fue retirada la patria potestad?

«Madres protectoras»

Es indefendible la justificación que la ministra Irene Montero dio ayer para celebrar el indulto parcial a María Sevilla, alegando que se salda así «una deuda con las madres protectoras». Es también absolutamente indefendible bajo ningún criterio cabal que un caso de secuestro y maltrato infantil puede ser entendido como la legítima defensa de una madre «criminalizada» injustamente por un sistema judicial patriarcal.

¿Qué clase de feminismo es ese que ha pasado de reivindicar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres a cuestionar la presunción de inocencia de un hombre por el hecho de serlo, y que defiende la impunidad de una madre para violar arbitrariamente el interés superior del menor?

¿Está sosteniendo el Gobierno que es tolerable tomar partido por una mujer que sustrajo y retuvo a su hijo en aras de su supuesta defensa? ¿Qué defensa, además? ¿La de un menor sobre el que no pesaba ninguna amenaza paterna, sino sólo el deseo de la madre de apartarlo de su padre?

Irene Montero ha quedado en evidencia al halagar como «madre protectora» a una condenada por secuestro y en calificar de maltratador a un inocente. Pero el que ha concedido el indulto es Pedro Sánchez, y eso hace dudar de que la verdadera intención del Gobierno haya sido el de reparar el daño provocado por una sentencia supuestamente injusta.

Lo que sí ha quedado claro es que el presidente ha hecho una nueva concesión a Podemos sacrificando bienes enormes: el respeto a las decisiones judiciales y al Poder Judicial en general, el más elemental sentido de la justicia, la seguridad del propio niño y los derechos de su padre. Demasiado pago a cambio de un beneficio mínimo: preservar la alianza con Podemos, puente a su vez de las alianzas de Sánchez con ERC y Bildu.

¿Sesgos machistas?

Este Gobierno ya ha recurrido antes a la medida de gracia para imprimir su ideario político a las decisiones judiciales. En 2021, el Consejo de Ministros rubricó el indulto parcial a Juana Rivas, condenada por haber apartado a sus hijos de su padre con idéntico argumento al empleado por Sevilla.

El sector más radical de este Gobierno se ha dedicado en los últimos años a alentar la tesis de que el sistema judicial español en su conjunto está afectado por un sesgo machista que le impide ser imparcial en sus resoluciones.

¿No se da cuenta el Gobierno de lo peligroso de este argumentario? Al fin y al cabo, se está trasladando a la sociedad el mensaje de que una mujer podrá cometer actos ilegales impunemente si alega una supuesta discriminación por sexo.

Este tipo de posicionamientos no hacen más que dañar la causa del verdadero feminismo y de las mujeres que han sido realmente maltratadas. Es un auténtico despropósito que el sectarismo ideológico de un feminismo radicalizado y fuera de la realidad acabe poniendo en riesgo a los niños que dice defender.