El informe del CES vasco publicado ayer debería ser la base de un debate sosegado. Lamentablemente, dudo que se haga, pues no son tiempos de sosiego político, aunque en estos temas sería mejor disponer de un elevado nivel de sosiego social que, me temo, también es insuficiente. Basta leer los comentarios que se hacen a la noticia en la web del periódico para comprobar que las posturas están demasiado enfrentadas, los planteamientos son demasiado radicales y las propuestas son, en su mayoría, irreales. Hay muchos temas, pero me gustaría centrarme hoy en uno de ellos. En el gasto que dedicamos a la Renta de Garantía de Ingresos y al Ingreso Mínimo Vital en Euskadi, que asciende a 419 millones de euros. Vista así, en términos absolutos, esta cifra no debería asustarnos demasiado si la comparamos con el monto total de los Presupuestos presentados por el Gobierno vasco y aprobados por el Parlamento de Vitoria, que es de 14.250 millones. El problema surge cuando comparamos este gasto con el de otros capítulos y vemos que, por ejemplo, es una cantidad mayor que la dedicada al apoyo a la investigación. No hay duda de que la inclusión es un problema urgente hoy, pero tampoco la hay de que la investigación es la llave para abrir nuestro futuro.

Otra comparación que da mucho juego es la que enfrenta este gasto aquí, con el total del conjunto de España. Ahí vemos que el gasto vasco supone el 25% del total, una cifra que multiplica siete veces nuestro peso en la población. ¿Somos siete veces más solidarios o siete veces más permisivos? ¿Es esa realidad un imán para atraer beneficiarios o es el justo medio que debemos dedicar a la inclusión en una sociedad abierta y generosa? En mi opinión, más que la cantidad total, que no me parece exagerada, deberíamos debatir acerca de los criterios de selección de beneficiarios y, una vez más, de su eficacia. Creo que hay suficiente consenso sobre la conveniencia de disponer y dotar mecanismos de ayudas de ‘impacto’, pero debería de existir un límite y establecer vías para que dejasen de ser necesarias tras haber conseguido la inclusión buscada. Es decir, la idea está muy bien, si al cabo de cierto tiempo termina con sus beneficiarios incluidos. En caso contrario es pura caridad y eso tan bonito debe transitar por otras veredas.

Por último, no estoy de acuerdo con meter en el debate la variable de las nacionalidades y discriminar por el origen. Podríamos terminar con algo parecido a que ‘quien no pueda jugar en el Athletic tampoco podrá recibir ayudas sociales’. Es una ‘boutade’, pero sería tan lamentable…