Ignacio Marco-Gardoqui-El Correo

La justificación elegida por el Gobierno en funciones para mantener su maltrato y sus constantes veleidades con las grandes empresas consiste en decir que ganan mucho dinero. O mejor, que ganan cifras escandalosas y obtienen beneficios que caen del cielo y no del sudor de su frente. ¿Qué quiere decir que ganan cifras escandalosas? No se sabe. Nadie dice cuánto debe ganar una empresa, ni que matices hay que considerar antes de emitir un juicio tan severo. ¿Da igual el sector en el que opera? ¿Da igual el riesgo que corre en sus inversiones? ¿No es relevante el empleo que crea, ni la actividad que genera, ni los impuestos que paga? Si ningún responsable del Gobierno se detiene un segundo en considerar estas cuestiones es que deben de ser superfluas.

¿Cuánto debe ganar una empresa? Si le pregunta eso a un liberal ‘enragé’ le contestará que lo máximo posible. Si lo hace a un responsable ‘a la page’, le recordará que la empresa debe cumplir otros objetivos sociales además de la mera rentabilidad. Esto es tan cierto que se cumple de manera creciente. En los últimos años, las empresas de un cierto tamaño están obligadas por ley a publicar sus memorias no financieras en las que detallan cosas como sus consumos de agua y de materias primas, sus emisiones a la atmósfera, sus comportamientos energéticos, el origen y el tamaño de sus brechas de género, etc. Es decir, las empresas hoy en día son buenas ciudadanas que se preocupan por el impacto de su actividad en el entorno y muchas otras cosas además de por ganar dinero, aunque tales comportamientos ayuden muy poco a la mejora de consideración social.

Todo el mundo opina que la banca gana mucho dinero, una cantidad escandalosa. Pero, ¿cuántos saben que el coste del capital que necesitan para funcionar ha sido menor que su rentabilidad en la mayoría de estos últimos años de crisis? La vicepresidenta segunda asegura que las empresas pagan el 3,5% de sus beneficios. Una mentira intolerable. La banca, por ejemplo, paga un tercio de ellos. Claro que los paga no solo en España, sino en todos aquellos países en los que opera. Repsol paga en España el 37% de lo que gana y en los primeros nueve meses ha invertido 4.362 millones de euros. El año pasado, Iberdrola ganó 4.339 millones, a pesar del descenso que tuvo en España y en este ejercicio va a invertir más de 10.000 millones en todo el mundo.

Todas esas inversiones son a muy largo plazo y por eso necesitan entornos regulatorios y fiscales estables y predecibles. Aquí no los tienen y por eso amenazan -y empiezan a cumplir- con reducir sus inversiones, lo que minorará sin duda sus pagos a Hacienda. Unas menores inversiones significan menos empleos, es decir menos IRPF, menores compras a proveedores, es decir menos IVA ingresados y menos beneficio generado en España, es decir un menor Impuesto sobre Sociedades.

La manera de limitar los beneficios consiste en evitar los oligopolios y regular adecuadamente su actividad. Pues bien, hablamos de sectores fuertemente competitivos y extremadamente regulados. ¿Cómo se puede quejar el Gobierno por los resultados cuando es el responsable de la regulación?

¿Nos salen a cuenta las grandes empresas? Le aseguro que sí y la prueba es que todos los países, incluido el nuestro, nos peleamos por atraerlas. Pero tenemos un Gobierno ciego de ideología y rencor que no sabe lo que significa esa actividad, para la cual no hay alternativa. Es una lástima que el sostén del Gobierno, la líder de Sumar, no sepa sumar y que el PSOE esté a otras cosas. Como el resto de los grillos que pueblan la caja en la que se apoya.