Este viernes 8 de mayo, dos guardias civiles han perdido la vida en la costa de Huelva al colisionar sus patrulleras mientras perseguían una narcolancha.
No ha sido un accidente fortuito: ha sido el resultado previsible de una desigualdad de medios que raya en lo obsceno.
Apenas dos años antes, en febrero de 2024, otros dos agentes (Miguel Ángel González y David Pérez Carracedo) murieron arrollados deliberadamente por una narcolancha en el puerto de Barbate.
La pregunta es incómoda, pero inevitable: ¿cuántos guardias civiles más han de morir para que el Gobierno de Pedro Sánchez y Fernando Grande-Marlaska reconozca que ha abandonado a la Guardia Civil y, con ella, la lucha contra el narcotráfico?
Los datos son claros. En septiembre de 2022, el ministro del Interior desmanteló por sorpresa el OCON Sur, la unidad de élite de la Guardia Civil que había logrado más de 13.400 detenciones y 1.300 toneladas de droga incautadas en apenas cuatro años. La excusa oficial fue que se trataba de un dispositivo «temporal» y que sus efectivos se integrarían en las comandancias ordinarias.
El resultado, según la propia Fiscalía General del Estado en su memoria posterior, fue una «proliferación escandalosa» de narcolanchas: 230 avistadas sólo en seis meses tras su disolución. En 2023 se contabilizaron 471 en Andalucía.
Hoy, en 2026, la Fiscalía Superior de Andalucía ha tenido que abrir un expediente gubernativo ante la oleada de estas embarcaciones varadas a plena luz del día en playas, puertos y hasta el cauce del Guadalquivir.
Los narcos ya no se esconden. Operan con la arrogancia de quien sabe que el Estado ha abandonado la lucha.
Las cifras oficiales de decomisos revelan la paradoja del abandono. Las incautaciones de hachís se desplomaron en 2024 hasta las 199 toneladas, un 44% menos que el año anterior y la cifra más baja en dos décadas.
Mientras, la cocaína sigue batiendo récords en puertos y rutas marítimas, y el negocio narco en Andalucía (con sus 7.000 detenciones anuales) no sólo no se frena, sino que crece en rentabilidad y violencia. La droga circula más, los clanes se expanden del Campo de Gibraltar a Huelva y el Guadalquivir, y las narcolanchas (con motores de cientos de caballos que superan los 60 nudos) humillan a las patrulleras de la Guardia Civil, mucho más lentas y peor equipadas.
Los sindicatos AUGC y JUCIL llevan años denunciándolo: falta de medios, ausencia de prima de riesgo pese a la amenaza real, y una «pasividad» institucional que roza la irresponsabilidad. Marlaska responde con comunicados de «cero impunidad» y acusaciones de «bulos».
La realidad, en cambio, es que los narcos abren fuego contra los agentes (como en el reciente incidente de Aznalcázar), embisten Zodiacs y dejan embarcaciones varadas durante semanas sin que nadie intervenga.
Esta no es una mera cuestión de seguridad interior. Es un fracaso del Estado en su obligación primordial: el monopolio de la violencia legítima y la protección de los ciudadanos y de quienes arriesgan la vida por ellos.
El narcotráfico no sólo corrompe (106 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad investigados o detenidos entre 2022 y 2026 por vínculos con el narco) y genera violencia en una de las regiones más turísticas de Europa. También erosiona la confianza en las instituciones.
Las familias de los caídos en Barbate han tenido que acudir al Parlamento Europeo para denunciar el «abandono» de Interior. El Senado, con el voto en contra del PSOE, ha reclamado la inmediata restitución del OCON Sur. Hasta Juanma Moreno, desde la Junta de Andalucía, exige endurecer penas y dotar de medios reales.
El Gobierno, mientras, mira hacia otro lado y redistribuye efectivos en lugar de reforzar la primera línea.
Un Estado democrático no puede permitirse el lujo de la debilidad ante el crimen organizado. No se trata de militarizar la costa ni de políticas punitivas desproporcionadas, sino de dotar a la Guardia Civil de las herramientas (embarcaciones interceptadoras, tecnología, personal y cobertura jurídica) que le permitan operar en igualdad de condiciones.
Se trata de recuperar la disuasión perdida tras el desmantelamiento del OCON Sur, de declarar zonas de especial singularidad donde sea necesario y de enviar un mensaje inequívoco: el narco no campará a sus anchas en la costa andaluza, y mucho menos por dejación de funciones del Gobierno y sus líderes.
Cada guardia civil caído es un fracaso colectivo. El Gobierno debe elegir: o declara la guerra real al narco con todos los medios del Estado, o asume que ha perdido el control de parte del territorio. La muerte de los agentes de Huelva y Barbate exige respuestas, no condolencias y comunicados de rutina.