Florencio Domínguez, LA VANGUARDIA, 27/6/12
Quince presuntos miembros o colaboradores de ETA han sido detenidos en lo que va de año, de ellos, doce en territorio francés. Con los últimos, capturados ayer, el Ministerio del Interior puede apuntarse un doble tanto: no sólo debilita a ETA, sino que pone a disposición judicial a un etarra acusado de graves delitos. Estas actuaciones policiales constituyen un factor de erosión de la banda, pero al mismo tiempo transmiten un mensaje claro: mientras se niegue a aceptar su desaparición definitiva el acoso del Estado no cesará.
ETA anunció el 20 de octubre que renunciaba definitivamente al terrorismo. Aquella decisión trascendental fue tomada por un grupo de dirigentes de la banda sin someterla a consulta de sus bases. Ahora es el conjunto del grupo terrorista el que ha puesto en marcha un debate sobre el abandono de las armas, debate que debe terminar a final de año con una votación sobre el asunto. Es decir, que los miembros de ETA todavía tienen que decidir si abandonan la violencia para siempre. Puede que ratifiquen la decisión que sus dirigentes hicieron pública el 20 de octubre, pero también puede que la revoquen. Si tienen que hacer una votación, quiere decir que sobre el papel las dos opciones están abiertas.
Estamos, por tanto, en un tiempo de espera en lo que concierne al futuro de ETA. Pero mientras los terroristas deciden qué hacer siguen moviéndose en territorio francés con sus armas, transportando explosivos como se vio hace un mes y manteniendo en funcionamiento su organización clandestina. Constituyen una amenaza potencial que ni España ni Francia están dispuestos a dejar pasar. Además, en ese debate ETA se ha planteado mantenerse como organización clandestina incluso en el supuesto de que se confirmase la renuncia definitiva a la violencia. Quieren seguir en la sombra, quién sabe si como vigilantes de la evolución política del País Vasco o como guardianes de las esencias frente a Sortu. La supervivencia de un grupo clandestino con los antecedentes de ETA es una opción que los ejecutivos de España y Francia no están dispuestos a permitir. Ambos gobiernos plantean a ETA la disolución sin condiciones como exigencia irrenunciable.
En su visita a Madrid el 29 de mayo, el ministro del Interior francés, Manuel Valls, destacó precisamente las actuaciones de ETA en territorio galo: recordó que hace dos años ETA asesinó a uno de sus policías, añadió que los etarras desarrollan su actividad en Francia y que «disponen todavía de stocks de armas que robaron hace algunos años en Vauvert». Es la lista de agravios particulares que París no quiere pasar por alto. Son cuentas pendientes ante la justicia francesa que se suman a las causas que muchos etarras tienen ante los tribunales españoles y que hacen inviable la pretensión de la banda de asegurar la impunidad de sus miembros.
Florencio Domínguez, LA VANGUARDIA, 27/6/12