Editorial, EL CORREO, 28/6/12
El justo recuerdo de quienes padecieron abusos policiales no puede diluir la culpa de ETA
El Gobierno vasco auspició ayer un primer acto de reconocimiento hacia las víctimas de abusos policiales, que coincidió, en la misma mañana, con el homenaje que el Congreso de los Diputados rinde todos los años a las víctimas del terrorismo. Ambos actos dejaron entrever, por las ausencias, las notables discrepancias que existen en cuanto al tratamiento público de la memoria de las personas asesinadas o heridas por atentados y graves vulneraciones de derechos humanos durante el período en el que en Euskadi y en España estuvo presente la espiral violenta de ETA. La pretensión filoterrorista de equiparar «todas las violencias» para legitimar la muerte premeditada del prójimo como reacción a la existencia de una injusticia previa, la pretendida ingenuidad contextualizadora de quienes tratan de explicar lo ocurrido como un cúmulo de despropósitos o, en su caso, la alusión subjetivista a la existencia de sufrimientos íntimos y comparables resultan especialmente dolorosas para las víctimas del terrorismo etarra. Es cierto que, como en el acto de reconocimiento de las víctimas de abusos policiales señaló Inés Núñez, hija de una persona muerta en comisaría tras ir a denunciar una agresión también policial, «nada puede justificar lo que nos hicieron, ni siquiera el temor a ETA». Ninguna violencia puede ser más reprobable que la extrema injusticia causada al amparo del poder establecido. Pero el reconocimiento obligadamente diferenciado de las víctimas de este tipo de atropellos a la dignidad humana requiere establecer dos distinciones básicas en relación a las víctimas del terrorismo etarra. En primer lugar, se trata de una casuística diversa frente a la unicidad que alcanza el terror desplegado por ETA, concebido como una estrategia de amedrentamiento general a través del asesinato sistemático. En segundo, el terrorismo etarra no solo fue reivindicado y jaleado hasta su ‘cese definitivo’, anunciado el 20 de octubre de 2011, sino que sigue formando parte del bagaje de la lucha de la que se jactan tanto sus protagonistas materiales como quienes dicen ser sus sucesores en la actividad política legalizada. El reconocimiento de las víctimas de abusos policiales es un acto de justicia pendiente que no debería contribuir al olvido o a la dilución de la culpa histórica del terrorismo etarra.
Editorial, EL CORREO, 28/6/12