Una consecuencia de un proceso de negociaciones con los terroristas es que la Policía se afloja la faja. La culpa de las bombas y la mutilación del artificiero es de ETA; la responsabilidad de la seguridad, del Gobierno vasco. De que ETA haya vuelto a matar sólo tienen la culpa los terroristas, pero el Gobierno debe explicar su fallida iniciativa, si cometió error de apreciación, si dijo o no la verdad.
Televisión Española exhibió ayer el vídeo grabado por las cámaras de seguridad de los juzgados de Getxo hace ocho días. Sólo hay en él una secuencia de interés, en la que los dos terroristas actuantes colocan sendos artefactos explosivos: el primero, a las puertas de los juzgados. El segundo, en una papelera situada al pie de las escaleras que conducen a la entrada.
La historia es conocida: una llamada advirtió a la Ertzaintza de la colocación de una bomba a las seis de la mañana del domingo con la intención de que una segunda causara una carnicería entre los artificieros de la Policía autonómica. La Ertzaintza acude al lugar y desactiva la primera bomba, que no había hecho explosión por un fallo mecánico. La segunda, que no fue detectada hasta ocho horas después de la llamada, estuvo en la papelera mientras docenas de agentes, periodistas y políticos iban y venían dentro de su radio de acción.
Las primeras declaraciones del consejero de Interior explicaron que el atentado se había maquinado en Francia y abundaron en la reclamación de la capacidad de investigar en el país vecino. Fue más lacónico al dar detalles sobre el agujero de seguridad que expuso a muchas personas a un peligro cierto durante mucho tiempo. Es verdad que «esto no es una ciencia exacta», como dijo Balza, pero toda imprecisión admite grados y está claro que la mañana del día 11 los protocolos de seguridad que están entre los más altos de Europa, según el propio consejero, no se aplicaron. El Departamento lo reconocía implícitamente una semana después al relevar al ertzaina que debía revisar el vídeo de seguridad.
Algo tendrá que ver en esto el hecho de que la consejería de Justicia sustituyera el año pasado a muchos vigilantes de las cámaras de seguridad por auxiliares carentes de formación. No es comprensible que no se estableciera un cordón de seguridad en toda el área o que no se revisara cada papelera, cada seto, cada lugar susceptible de servir de escondrijo a un artefacto. El problema no es sólo que el agente encargado de supervisar los vídeos se relajara en su tarea. Roza el surrealismo que durante ocho larguísimas horas nadie, ningún responsable se interesara por la información que aportaban las cámaras de seguridad, cuántos eran, qué aspecto tenían, si iban enmascarados, si podía calcularse su estatura aproximada y un etcétera de cuestiones de cierto interés para la investigación.
Hay una explicación bastante simple para hechos como estos: una de las primeras consecuencias de un proceso de negociaciones con una banda terrorista es que la Policía se afloja la faja. No sólo la autonómica; también la otra y los vigilantes jurados y las víctimas potenciales que han vuelto a las viejas rutinas y horarios y ya no miran bajo el coche antes de arrancarlo, es ley de vida.
Examinemos este caso a la luz de la doctrina establecida por el presidente del Gobierno ante la Ejecutiva Federal de su partido. Junto a una obviedad, que la culpable de la violencia es ETA, hizo el diagnóstico más inane de una organización terrorista que jamás haya hecho gobernante alguno: «ETA ha demostrado que es cobarde e incapaz, que sólo sabe usar la violencia sin objetivo y sin estrategia». Parece innegable que los terroristas ahora salen peor cualificados, pero, ¿qué quiere decir ‘cobardes’? ¿De veras cree el presidente que los terroristas no tienen objetivos ni estrategia? ¿Qué significa «dejar siempre de lado, entre demócratas y en el debate político, lo que significa el terror»?
Parece que el deber de la oposición en el Parlamento vasco sería preguntar al consejero de Interior qué falló en las medidas de seguridad para hacer posible el desaguisado descrito más arriba. No parece que la seguridad de los ciudadanos sea una cuestión que puedan manejar los gobiernos a su antojo, sin el control de la oposición. La política antiterrorista debería estar fuera del debate partidario, pero sólo hay una manera de hacerlo en democracia: mediante el acuerdo previo entre el Gobierno y la oposición sobre las líneas generales de dicha política. Como lo que establecía el pacto antiterrorista, pero sin incumplirlo.
La culpa de las bombas y la mutilación del artificiero de la Ertzaintza por la explosión del detonador es de ETA; la responsabilidad de la seguridad es del Gobierno vasco. De que ETA haya vuelto a matar y siga intentándolo sólo tienen la culpa los terroristas, pero el Gobierno está obligado a explicar su fallida iniciativa, si cometió error de apreciación, si dijo o no la verdad. De los atentados del 11-M tuvieron la culpa sus autores, no el Gobierno del PP, pero Aznar fue responsable de la gestión de aquella crisis y el PSOE no vaciló en pedirle cuentas y cobrárselas en las urnas. Lo que no sería de recibo es que pasaran la misma factura otra vez en marzo.
Santiago González, EL CORREO, 19/11/2007