ABC 22/02/16
EDITORIAL
A medida que se acerca fecha de excarcelación de Otegi, los apoyos que recibe del separatismo y de la izquierda radical se hacen más explícitos y apuntan a combatir la inhabilitación del dirigente proetarra hasta 2021, impugnada ante el Supremo. Ayer fueron Joan Tardá, de ERC, y el exdiputado de la CUP David Fernández quienes visitaron a Otegi en la cárcel de Logroño, como una muestra de solidaridad hacia quien Fernández calificó como «rehén político». Realmente, rehén sólo fue el directivo de empresa secuestrado por Otegi, lo que supuso la primera de una serie de condenas impuestas a un terrorista al que quieren reconvertir en un mito de la izquierda. La facilidad con que estos partidos apoyan a terroristas y a quienes practican la violencia desde su perspectiva ideológica es una muestra de su visión antidemocrática del Estado de Derecho. Su encarcelamiento y su inhabilitación son la nueva coartada de estos antisistema para atacar al Estado y seguir promoviendo un debate falso sobre la legitimidad de nuestra democracia. Esta amalgama de izquierdas radicales y nacionalismos separatistas ven en el acceso del PSOE al gobierno una oportunidad para infiltrar sus tesis en la política nacional. Ya sucedió cuando los socialistas catalanes formaron una coalición de gobierno con ERC, mientras Carod-Rovira pactaba con ETA una tregua sólo para Cataluña. Y la consiguió, porque la banda quería apoyar un proceso de reforma estatutaria que iba a romper el orden constitucional español.
Pedro Sánchez tiene toda la legitimación democrática para buscar apoyos a su investidura, pero no todos serían legítimos. A un partido nacional y constitucionalista, que también ha sufrido el zarpazo terrorista, tendría que repugnarle incluso la abstención de los Tardá o los Fernández. Al PSOE no debería gustarle que le apoyen los mismos que jalean a Otegi.