De nuevo una ofensiva del izquierdismo y los nacionalismos particularistas contra la Ley de Amnistía de 1977, a la que se acusa de constituir una cesión a favor de los franquistas autores de crímenes. Cesión que fue necesaria entonces -según ellos- para obtener a cambio la excarcelación de los presos políticos que estaban condenados o procesados por actos meramente políticos y de opinión. Consecuencia lógica de esta forma de contar la historia -la amnistía como intercambio controlado por el franquismo- sería que hoy, una vez libres de aquellas ataduras, se derogue la ley en cuestión para poder así perseguir los crímenes del franquismo.

Bueno, pues sucede que esta versión de la historia es falsa: las cosas no fueron así, nunca existió un pacto para intercambiar el olvido de los crímenes franquistas por la salida de la cárcel de los que habían actuado por la libertad política bajo el franquismo. Y es que cuando se dictó por el Congreso la Ley de Amnistía de 1977, sencillamente dicho, no quedaba ya en la cárcel absolutamente ningún preso por sus acciones por la libertad política bajo el régimen anterior. No era a ellos a los que había que sacar de las mazmorras. ¡Estaban fuera y amnistiados desde hacía tiempo!

En efecto, el Gobierno preconstitucional de Adolfo Suárez había amnistiado por el decreto-ley 10/76 todos los delitos de intencionalidad política o de opinión cometidos desde la Guerra Civil hasta la fecha. Fue entonces, en julio de 1976, cuando las cárceles se vaciaron de presos políticos (330 salieron). Sin ninguna contrapartida, sin que se amnistiase a los funcionarios del régimen que habían cometido actos de violencia. No hubo compensación alguna.

Pero, ay, las cárceles no se vaciaron del todo. Quedaron en ellas 43 presos, los terroristas que estaban condenados o procesados por actos que habían lesionado la vida o la integridad de las personas, a los que se exceptuó de la amnistía con bastante lógica. La mayoría eran terroristas de ETA con acciones sangrientas más alguno del FRAP. Y a lo largo de 1977 se les unieron en la cárcel por nuevo ingreso algunos otros terroristas asesinos de extrema derecha, otros más de ETA y alguno del GRAPO.

Esto es lo que había en la cárcel cuando en junio se celebraron las elecciones y se constituyó el Congreso: terroristas sangrientos. Aunque entonces se les llamaba «militantes vascos», «luchadores populares» o «chicos vascos antifranquistas». Los grupos parlamentarios vasco, catalán, comunista y socialista, así como la opinión de la calle, exigían la «amnistía total», incluidos esos presos o procesados. Y para ellos se proclamó la Ley de Amnistía de 1977, para esos únicos que quedaban en la cárcel, los terroristas de ETA y del GRAPO, pues los de extrema derecha fueron excluidos de la amnistía. Esta vez, sin embargo -ahora sí-, se extendió la amnistía a los delitos de los funcionarios o policías cometidos en la investigación de los delitos amnistiados, pues parecía inequitativo amnistiar al asesino y no al policía que le torturó.

La Ley de Amnistía de 1977 tuvo un enorme valor simbólico para rubricar el pacto de reconciliación y clausurar el pasado. Probablemente fue inevitable ante un clamor popular gestado por un sentimiento retrospectivo de culpa. Pero también fue terriblemente desconsiderada para con las víctimas. Y prácticamente hablando fue una estupidez, sustentada en una creencia irreflexiva, ingenua y taumatúrgica de que una amnistía total haría que «los chicos vascos» dejasen las armas. Nadie se planteó siquiera -así de ingenuos eran- contactar antes con ETA e intentar negociar y amarrar un desarme a cambio de la amnistía. No, en esos mismos días en que los congresistas emocionados les amnistiaban con una ceguera voluntarista para con sus intenciones, ETA seguía matando. Claro, sucedió lo esperable: que ETA respondió a la amnistía subiendo un peldaño en sus acciones, pues consideró que la amnistía unilateral era buena prueba de que el Estado era débil y podía ceder mucho más si subían las apuestas.

Esta es la historia real. A todos esos que ahora reclaman justicieramente la derogación de la Ley de Amnistía para poder perseguir a los funcionarios franquistas que cometieron crímenes contra las personas se les debería exigir, como prueba mínima de su sinceridad justiciera, que reclamen también que se reabran los procesos penales contra todos los terroristas de ETA, GRAPO o FRAP que fueron amnistiados en 1977. Que se investigue y castigue a los autores de crímenes terroristas amnistiados, que se calculan en más de 71 asesinatos o lesiones graves en ese plazo. Porque ellos, y no los represaliados del franquismo como se dice, fueron los verdaderos beneficiarios de aquella ley. Si se opta por reabrir la memoria, que sea para todos los delincuentes, ¿no?