El PP, a través de su enmienda a la totalidad a la proposición de ley de amnistía que se votará mañana, ha propuesto la disolución de aquellos partidos políticos que promuevan referéndums ilegales o declaren unilateralmente la independencia, propuesta que, en general, ha sido rechazada por la mayoría de la opinión pública, incluidos los medios de comunicación más cercanos a la formación conservadora. En general, la propuesta les parece un exceso. Pero ¿es un exceso plantear la disolución de una organización que ha atacado el Estado de Derecho y vulnerado gravemente la Constitución Española?
Más allá del acierto o desacierto del PP al plantear esta idea en lugar de ceñirse en su enmienda a criticar la amnistía (medida que la mayor parte de la población rechaza), lo que ha propuesto el PP no es lo que Vox y algunos medios han dicho que ha propuesto. Porque el PP no propone disolver aquellas organizaciones o partidos políticos independentistas por el simple hecho de ser independentistas, tal como Vox defiende, sino que la Justicia los disuelva si promueven y cometen ilegalidades flagrantes contra la Constitución Española y el Estado: pongamos por caso, promover y celebrar un referéndum de autodeterminación o declarar unilateralmente la independencia. Si respetaran la ley como la respetan los demás partidos y el común de los ciudadanos (salvo los políticos con privilegios, es decir, los amnistiados por Sánchez), no tendrían problema alguno con la Justicia en el desarrollo de sus actividades políticas. Porque una cosa es aspirar a la independencia y otra es declararla por las bravas, de la misma forma que una cosa es cambiar la ley para subir los impuestos a los bancos y otra, atracarlos.
Un partido político no puede vulnerar la ley para defender sus objetivos, tampoco los nacionalistas, independentistas o separatistas. Y si la vulnera, debe atenerse a las consecuencias. Hasta el inicio del proceso independentista catalán, solo los filoetarras de Herri Batasuna y sus herederos habían vulnerado la legalidad vigente hasta poner en riesgo la propia democracia, al combinar la acción política con el asesinato de inocentes, rivales políticos incluidos. Más recientemente lo hicieron los independentistas catalanes, al detraer dinero público para sus fines, promover una consulta ilegal, llamar a la insurrección violenta y proclamar la independencia. Los primeros fueron ilegalizados y disueltos tras décadas de permisividad e impunidad, y algunos de sus dirigentes acabaron en la cárcel. En el caso de los responsables del procés, la Policía los detuvo, la Justicia los condenó e ingresaron en prisión… hasta que Sánchez, para lograr los votos que necesitaba para permanecer en la Moncloa, aprobó los indultos y después la ley de amnistía que ahora se debate. Unos y otros son socios del PSOE.
Muchos nos opondremos a semejante propósito, por considerarlo inapropiado, injusto, regresivo y reaccionario, pero ellos, proponer, pueden proponerlo e incluso conseguirlo
Por mucho que lo nieguen y se hagan las víctimas, los partidos nacionalistas podrían alcanzar sus objetivos. Para ello, eso sí, deben conseguir los votos necesarios para modificar la Constitución Española, introducir el derecho a la autodeterminación, convocar el referéndum de independencia, celebrarlo y ganarlo con el porcentaje de votos que legalmente se decida. Muchos nos opondremos a semejante propósito, por considerarlo inapropiado, injusto, regresivo y reaccionario, pero ellos, proponer, pueden proponerlo e incluso alcanzarlo a través de los procedimientos establecidos y respetando las mayorías necesarias. O sea, pueden cambiar la ley pero, mientras tanto, deben respetarla. La cuestión es que no tienen los votos necesarios ni los apoyos suficientes, al menos de momento. Y lo que no pueden hacer es emplear un instrumento que no es legal ni en España ni en ninguna parte del mundo (salvo en Etiopía y en San Cristóbal y Nieves), el derecho a la autodeterminación o derecho a decidir, que no es sino el propósito de impedir que el resto podamos decidir lo que a todos nos corresponde y, en definitiva, que una parte decida por el todo. Y si lo hacen, deben ser legalmente perseguidos.
Lo que el PP propone ahora es que las formaciones que cometan graves delitos contra el Estado sean disueltas. Y a mí, que rechazo la ilegalización de las formaciones independentistas por el simple hecho de serlo, me parece lo correcto. Porque en España no se puede perseguir a un partido por las ideas que defienda, por muy malas que sean, pero sí deben perseguirse a los que cometan ilegalidades flagrantes (como cuando se detiene y se disuelve una banda de atracadores, cuyo delito es mucho menos grave que tratar de romper un Estado).
Aplicar la ley antes de modificarla
La ley de partidos que el PP quiere endurecer dice expresamente que la disolución judicial de un partido será acordada por el órgano jurisdiccional competente cuando, entre otros supuestos, «de forma reiterada y grave vulnere los principios democráticos o persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático«. Es la misma ley, por cierto, que ya recoge la posibilidad de disolver partidos por «incluir regularmente en sus órganos directivos o en sus listas electorales a personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios terroristas». Quizás antes de modificar la ley haya que aplicarla. Y recuperar en el Código Penal el delito de sedición y el de convocatoria ilegal de referéndum.
En todo caso, la enmienda de totalidad del PP que rechaza la amnistía será descartada. Existe hoy día en el Congreso de los Diputados una mayoría de representantes y partidos que considera legítimo amnistiar a corruptos y golpistas a cambio de lograr sus votos para que Sánchez siga en la Moncloa. Es, a día de hoy, lo que tenemos. Pero, digan lo que digan, lo anómalo no es proponer la disolución de partidos que ataquen la Constitución y el Estado sino negociar, pactar y gobernar con ellos.