En la actual legislatura, las Cortes Generales han aprobado 73 leyes y convalidado 83 decretos-leyes expedidos por el Gobierno. Ahora bien, desde junio de 2018 en que alcanzó la presidencia, Pedro Sánchez ha logrado la convalidación parlamentaria de 124 decretos-leyes y tiene pendientes tres más, entre los que se encuentra el controvertido sobre medidas de sostenibilidad en el transporte y de ahorro energético. Ningún presidente de Gobierno había hecho hasta la fecha un uso tan abusivo de este instrumento normativo. Baste recordar que Felipe González recurrió a esa fórmula en 130 ocasiones y José María Aznar en 127, pero el primero gobernó durante catorce años y el segundo durante ocho.

El centenar largo de decretos-leyes aprobados bajo el mandato de Sánchez en cuatro años permite concluir que este ha establecido el gobierno por decreto como práctica habitual. Una práctica muy poco democrática cuando la utilización de esa herramienta no está justificada por razones de «extraordinaria y urgente necesidad», tal y como exige la Constitución. Pero una práctica que ha sido respaldada por la muy desafortunada doctrina del Tribunal Constitucional según la cual la urgencia es subjetiva; esto es, depende de la consideración del Gobierno de turno. Al renunciar el Constitucional a definir la urgencia con unos criterios objetivos, se ha dado cobertura a una forma autoritaria de legislar.

La desidia del Gobierno y de las propias Cortes Generales, su pasividad, son las que, en muchos casos, acaban convirtiendo en urgente la aprobación inmediata de normas sin debate parlamentario alguno. El decreto-ley entra en vigor inmediatamente y el Congreso de los Diputados se limita a convalidarlo o rechazarlo en el plazo de treinta días. También puede entonces tramitarlo como proyecto de ley. El decreto sobre ahorro energético es un caso paradigmático.

Nadie puede discutir la necesidad de adoptar con la mayor urgencia posible un plan nacional para reducir el consumo de energía. Además de un imperativo racional, es imprescindible para dar cumplimiento a las directrices europeas sobre la materia. Ahora bien, para ser efectivo, el plan debería haberse concebido como el resultado final de un amplio acuerdo parlamentario en el que se implicase también al principal partido de la oposición. Por eso se debería haber tramitado como ley. Y la trascendencia del tema hubiera requerido la activación de los mecanismos de cooperación territorial, conferencias sectoriales e incluso la Conferencia de Presidentes. En lugar de ello se ha recurrido al decreto ley, el principal partido de la oposición no ha sido consultado y la ministra del ramo convocó a las comunidades autónomas a una conferencia sectorial una vez aprobado el texto.

A todo esto, los defensores del decreto replican que no había tiempo para ello. La objeción es un insulto a la inteligencia. Desde que el 24 de febrero el Kremlin lanzó su criminal ataque contra Ucrania -de cuya inminencia el Gobierno de Estados Unidos nos había advertido ya en noviembre de 2021- se hizo evidente que la dependencia energética europea respecto al gas de Rusia iba a tener unas gravísimas consecuencias económicas y que resultaba imprescindible adoptar medidas drásticas de reducción del consumo de energía. Ha habido, pues, más de seis meses para pactar el plan. Y no se ha hecho nada. Como tampoco se ha tomado ni una sola medida para combatir la inflación. Las únicas adoptadas lo han sido para paliar sus efectos.

Desde esta óptica, sí que se dan las condiciones de urgencia y necesidad para aprobar medidas de ahorro energético. Pero la urgencia actual es fruto de la negligencia y la pasividad del Gobierno y de las Cortes durante estos últimos seis meses. En todo caso, el decreto aprobado por el Ejecutivo contiene 83 páginas confusas, plagadas de contradicciones y lagunas. Realmente solo dos de ellas se dedican al ahorro energético.

En este contexto, resulta sumamente preocupante que, ante la mayor crisis política y económica producida en Europa desde que Alemania invadiera Polonia en 1939, el debate político en nuestro país esté centrado en si los comercios deben o no apagar la luz a las diez de la noche. Y no por razones sustantivas, sino por si la titularidad de la competencia para aprobar tal medida es autonómica o estatal. La esterilidad de este debate contrasta con la gravedad del escenario bélico actual. Nada hace prever que Rusia vaya a cesar en su agresión a Ucrania y es probable que corte el suministro de gas a Europa. Y aunque no lo hiciera, no es aceptable que sigamos financiando su campaña militar criminal (mas de 5000 civiles ucranianos asesinados). Todo ello exigirá adoptar medidas impopulares para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra.

Para ello es imprescindible que los dos grandes partidos alcancen un amplio acuerdo y asuman conjuntamente la responsabilidad por las duras medidas de reducción del consumo de energía que requiere la situación. Naturalmente, este objetivo es incompatible con la composición actual del Gobierno. Es la tarea propia de un Gobierno de gran coalición.