El acuerdo alcanzado entre el PSOE y el prófugo de la justicia española Carles Puigdemont garantiza el apoyo de los siete diputados de Junts a la investidura de Pedro Sánchez. Tras varias semanas de cesiones continuas por parte de los representantes socialistas, el acuerdo incluye el compromiso de presentar en el Congreso una proposición de ley de amnistía cuyo primer beneficiado es el propio Puigdemont y que amparará a todos los implicados en la insurrección de 2017. Se acepta también negociar un sistema de financiación especial y un eventual referéndum de autodeterminación; y todo ello bajo la supervisión de un mediador internacional. De especial gravedad es la pretensión de atentar contra la independencia judicial mediante «comisiones parlamentarias de investigación» que determinarán si deben reclamarse «acciones de responsabilidad» por «lawfare o judicialización de la política».

Dejando a un lado su manifiesta inconstitucionalidad, la amnistía acordada supone la degradación de la noción de ley. Se trata de una ley cuya finalidad consiste en hacer inmunes frente al Derecho a determinadas personas a cambio de que el partido de Puigdemont vote la investidura de Sánchez. Su finalidad y contenido la convierten en una ley arbitraria.

En una célebre conferencia pronunciada en los años cincuenta de la pasada centuria, el insigne jurista alemán Otto Bachoff se preguntaba «¿qué tiene en común con el concepto clásico de ley, la ley de fomento de la industria pesquera del arenque?». Se refería al hecho de que tal ley –como tantas de nuestro tiempo– tenía beneficiarios concretos y obedecía a un pacto acordado con los representantes de unos intereses al margen del Parlamento. Sin embargo, a pesar de ello, no se puede decir que fuese una ley «arbitraria». El acuerdo alcanzado el jueves supone un salto cualitativo con lo denunciado por Bachoff. Por un lado, el contenido de la ley de impunidad lo han fijado los presuntos delincuentes prófugos de la justicia que se van a ver beneficiados por aquella. Por otro, se presenta como un texto discutido –sin ninguna publicidad– hasta el más pequeño detalle y como tal cerrado que los parlamentarios de la llamada «mayoría progresista» deberán respaldar incondicionalmente sin ningún tipo de deliberación y enmienda. La degradación de la ley envilece al Parlamento que la consiente.

La pretensión de que las Cortes vayan a crear comisiones de investigación «cuyas conclusiones se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía» y que podrán dar lugar a «acciones de responsabilidad» es manifiestamente inconstitucional. En un Estado de derecho, el Parlamento no puede supervisar o controlar la acción del Poder Judicial y tampoco condicionar la aplicación de las leyes. El Poder Judicial es independiente y libre para interpretar y aplicar las leyes en el marco de la Constitución y no rinde cuentas ante el Poder Legislativo.

En definitiva, el acuerdo vulnera principios esenciales del Estado de derecho.