Juan Carlos Girauta-ABC

• «No sabemos si, como se rumorea, las relaciones entre los socios de gobierno echan chispas, pero la sangre no llegará al río porque les une y traspasa un fin superior: dividir al personal tanto como puedan, tantas veces como sea posible y con los más nocivos efectos para la convivencia que imaginarse pueda»

«Sí es sí» sugiere una comodidad populista que hace juego con el «no es no» donde se atragantó el primer secretariado general de Sánchez. El nuevo lema es propiedad de Calvo, quien se ha apresurado a subrayarlo ante el temor a que la ministra de Igualdad le arrebate lo que el gobierno considera una carta de triunfo: convertir en violación las relaciones sexuales donde la mujer no emita inequívocamente la voz «sí».

Quizá sorprenda a los jóvenes, a los desinformados y a los olvidadizos saber que el término «violación» lo eliminaron los socialistas del Código Penal en la reforma de 1995 contra el criterio de la oposición. La propuesta data de un año atrás, cuando la actual ministra de Defensa

era la número dos del Ministerio de Justicia.

Creía entonces la izquierda que la palabra estigmatizaba, que tenía que ver con la reproducción (?) y con la honestidad, no con la libertad sexual, el bien jurídico a proteger. Todo esto está muy bien, si no fuera por el cartel que hoy tanto se enarbola en las manifestaciones feministas: «Es violación».

Aunque la señora Montero sostiene que España será pionera en la exigencia del consentimiento expreso, la verdad es que en Suecia lleva tiempo vigente, con resultados poco satisfactorios, como la necesidad de inventar la figura de la «violación negligente», que ya se ve que cojea. Es perfectamente correcto y defendible que la ausencia de consentimiento en las relaciones sexuales merezca tipificarse como violación. La palabra eliminada por los socialistas tendrán los socialistas que reincorporarla al Código Penal. La cuestión estriba en lo que se exige para considerar que el consentimiento ha sido expresado.

Alrededor de una decena de países de la Unión penalizan el sexo sin consentimiento, sin tener que rizar el rizo como los suecos porque se han atenido de verdad al Convenio de Estambul, sin estirarlo al modo Calvo-Montero. Sin distorsionarlo hasta ignorar los usos sociales, la conducta humana, donde el consentimiento se adecúa al contexto y no siempre exige la pronunciación de la palabra «sí».

El hecho es que la ministra Montero sostuvo ayer que su reforma, a iniciar antes del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es una exigencia del citado acuerdo del Consejo de Europa, «sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica» (2011). Pues lo siento, doña Irene, pero no. En materia de expresión del consentimiento, lo que dice el Convenio de Estambul es bastante más razonable. Cito: «El consentimiento debe expresarse voluntariamente como manifestación del libre arbitrio de la persona considerado en el contexto de las condiciones circundantes». (La negrita es mía. Artículo 36.2.)

Refórmese el Código Penal español de acuerdo con los principios establecidos en el Convenio de Estambul ratificado por España en 2014, considerando, a la hora de tipificar la «violencia sexual, incluida la violación» -que es el título del artículo 36- la realidad de las interacciones sociales, es decir, «considerando las condiciones circundantes» y estaremos avanzando en la protección de importantes bienes jurídicos. Hágase al modo que pretenden Calvo y Montero y pronto nos veremos rebajando las penas e inventando figuras absurdas como la sueca violación negligente, escasamente castigada, o, lo que es peor, invirtiendo también aquí la carga de la prueba, es decir, propinando una patada más a la presunción de inocencia y a los Principios Generales del Derecho.

Y si es esto último lo que parece anunciar el gobierno es, precisamente, por la insistencia en el lema «sí es sí», que, descartada la tautología inane, significa en realidad que solo el sí expreso es consentimiento. Si no fueran por ahí, habrían escogido otro eslogan más claro, como «sin consentimiento es violación».

Pero entonces no azuzarían el antagonismo social. Es decir, no serían ellos. Este gobierno se alimenta de enemistades, de polémicas evitables, artificiales, con las que se sirve al objetivo de trazar una línea divisoria en la sociedad: ellos y nosotros, los malos y los buenos, la reacción y el progreso. Es en esa pugna permanente, cuyos muñecos deben ir renovándose, donde respira a gusto la izquierda afrentosa que nos ha tocado. Hubo otra izquierda. Quizá haya aún otra izquierda, pero permanece callada y oculta.

Si la polémica de diseño, si el objeto de controversia que llega de refresco tiene que ver con causas capaces de sacar a la gente a la calle, mucho mejor. Ahí radica la principal diferencia de los gobiernos de Sánchez, y antes de Zapatero, con todo el resto de gobiernos que ha tenido España en democracia, generalmente pendientes, como debe ser, de evitar la radicalización de posiciones, enfriar los debates y buscar consensos.

Por otra parte, existiendo el proyecto de una reforma más amplia del Código Penal, avanzar una pequeña parte de ella para calentar el 8 de marzo es un ejercicio de demagogia barata, populismo e irresponsabilidad. Ya tienen las organizaciones dependientes de los partidos gobernantes el combustible necesario para volver a quemar pronto, en poco más de dos semanas, las relaciones con la oposición. O bien esta se traga la rueda de molino del consentimiento tipo Calvo, o bien matiza y, bingo, se ve expulsada de las manifestaciones y avergonzada o meada en los actos públicos.

Lo curioso es que al PSOE le perjudican las prisas de Podemos. Les convenía más reformar de una sola vez, valiéndose de la calculada polémica del consentimiento para disimular su contraprestación a Junqueras: el pago por el apoyo de ERC. La eliminación o suavización del delito de sedición, la modificación de una importantísima Ley Orgánica a la medida de un solo hombre resulta tan escandalosa, tan vistosa, tan infame, que los socialistas confiaban en cubrir una polémica con otra. Pero las coaliciones son así. No sabemos si, como se rumorea, las relaciones entre los socios de gobierno echan chispas, pero la sangre no llegará al río porque les une y traspasa un fin superior: dividir al personal tanto como puedan, tantas veces como sea posible y con los más nocivos efectos para la convivencia que imaginarse pueda.