ABC-IGNACIO CAMACHO
El método bolivariano de injerencia en los tribunales no lo ha importado a España Podemos sino el mismísimo Sánchez
ES grave, muy grave. La prevaricación moral del Gobierno con su injerencia en el proceso a los golpistas catalanes incrementa su inquietante carácter a medida que se van conociendo los detalles. El Ministerio de Justicia obligó a la Abogacía estatal, purga mediante, a borrar de su escrito la palabra «violencia» que aparece 23 veces en el escrito paralelo de los fiscales. La maniobra a favor del independentismo, en busca de una condena indultable, alcanza por su grosera brusquedad rasgos políticos de fraude. Los profesionales de la justicia están asombrados ante una intervención tan desaprensiva que roza el sabotaje, toda vez que provee a los acusados de argumentos para sus apelaciones y deja indefensos a los intereses nacionales. No se trata de un despropósito o un disparate sino de un movimiento calculado para ofrecer a los sublevados una rebaja penal relevante. Al final ha resultado que el método bolivariano de la intromisión en los tribunales no lo ha importado a España Podemos sino el mismísimo Sánchez.
Esta semana, en el cumpleaños de la princesa Leonor, el presidente leyó con toda solemnidad un artículo de la Constitución cuya derogación ha propuesto. En concreto, el de la indisoluble unidad de la nación española, que pretende modificar para encajar el concepto de plurinacionalidad en el modelo. Su relativismo es absoluto, adaptado con plena naturalidad a las circunstancias de cada momento; la falta de valor o de compromiso de su palabra le lleva a defender cualquier principio y su opuesto. También sobre la rebelión en Cataluña ha cambiado de criterio, pasando en pocos meses de afirmarla a negarla sin un parpadeo. En ese sentido, su relajada relación con la verdad supera la tornadiza evanescencia de Zapatero; simplemente resulta tan inconsistente como su pensamiento, cuya única categoría estable es el deseo de ocupar el poder por el máximo tiempo. Pero esta vez incluso ese cínico designio lo ha llevado demasiado lejos, porque hay cosas que un gobernante no puede hacer bajo ningún pretexto.
Por supuesto que Sánchez, como otro ciudadano cualquiera, está en su derecho de dudar que en la insurrección separatista existiese un componente claro de violencia, incluso de pensar que el delito de sedición, aunque minimiza la trascendencia cualitativa de la revuelta, sirve mejor al propósito de asegurar una condena. Lo que no puede de ninguna manera es trasladar su opinión a la causa para favorecer su estrategia, arrollando la división de poderes con una intolerable interferencia. Si quiere humillarse ante los nacionalistas, que lo haga en la esfera de su competencia y responda de ello ante el pueblo al que representa. Pero la decisión de inmiscuirse en el trámite procesal mediante una manipulación torticera no sólo constituye una extralimitación de funciones sino una invasión autoritaria que demuestra su falta de respeto al sistema.