Ignacio Camacho-ABC
- Un gobernante que elige como socios a ERC y Bildu no puede reclamar a la derecha sacrificios por patriotismo
De todos los partidos representados en el Congreso, el único que en ningún caso puede o debe votar la contrarreforma o reforma de la reforma laboral es el PP. Por la sencilla razón de que la norma que va a modificarse es suya y sigue satisfecho de ella con el respaldo objetivo de unos resultados bastante aceptables en mantenimiento (ERTEs) y creación de empleo. La idea de cambiar la ley vigente fue un compromiso electoral incluido en el pacto de Gobierno y es a sus firmantes a quienes compete llevarlo a efecto. Pero es que además, y acaso precisamente por ello, nadie del Ejecutivo se ha dirigido a la principal fuerza de la oposición, ni a ninguna otra en realidad, para negociar su consenso. Ahora, ‘a posteriori’, le pide el voto a la derecha con el argumento principal de que la nueva reglamentación apenas toca de la antigua algunos aspectos de menor importancia, lo que en esencia demuestra que la anterior funcionaba. Es decir, que no existe ningún motivo de suficiente trascendencia para derogarla.
También apela el sanchismo al esfuerzo que ha costado el visto bueno de los empresarios y los sindicatos. Logro muy conveniente sin duda pero que de ninguna manera implica su automática ratificación parlamentaria; por mucho que los llamados agentes sociales gocen de reconocimiento constitucional no dejan de ser entidades corporativas desprovistas de legitimidad soberana y otorgarles de facto rango legislativo es propio de una democracia orgánica. La representatividad de las Cortes está por encima de la de cualquier acuerdo entre unas organizaciones laborales subvencionadas y una patronal bajo el chantaje más o menos directo del reparto discrecional de los fondos europeos. Aunque el sindicalismo siempre haya funcionado como ‘correa de transmisión’ de la izquierda, por decirlo con la terminología de los setenta, es saludable que al menos las formaciones liberales que aspiran a encarnar a las clases medias mantengan ante la cúpula empresarial un cierto grado de independencia.
La CEOE se ha dejado llevar por la teoría del mal menor: esperaba un descalabro para sus intereses y al ver que no era para tanto se conformó con minimizar estragos. Quizá Garamendi subestimó el valor político de su refrendo habida cuenta de que la supervisión de la UE le concedía una suerte de derecho de veto. En todo caso eso es ya lo de menos porque le toca a Sánchez sacar adelante su empeño junto a unos socios que no parecen muy entusiasmados con el proyecto. Es el problema de echarse en brazos de ERC y Bildu, que se ponen chulos porque se saben decisivos. Con esos amigos está fuera de lugar reclamar a los demás sacrificios por patriotismo. Esta partida superflua la tiene que jugar el presidente con los compañeros de mesa que ha escogido. Y si no, que se desprenda de algún prejuicio y se acerque a Ciudadanos, que son buenos chicos y andan necesitados de cariño.