La aceptación responsable de la palabra definitiva del Constitucional es el mejor argumento para advertir a la izquierda abertzale que no hay una victoria de su renuencia a cortar sin ambages con su propio pasado, sino una muestra de la entereza del sistema y de una sociedad que no permitirá que los fundamentalistas se mofen de la libertad.
El Tribunal Constitucional resolvió ayer estimar el recurso presentado por Bildu a la sentencia del Supremo que anulaba sus candidaturas, posibilitando la participación de todas ellas en los comicios municipales, forales y al Parlamento navarro. A la espera de que el Alto Tribunal haga público el contenido de su sentencia, es de suponer que la mayoría de sus magistrados ha entendido que los riesgos en los que incurriría el sistema democrático por la presencia en las instituciones de electos que pudieran albergar un propósito defraudatorio de la Ley de Partidos serían menores que el prejuicio que causaría la exclusión de Bildu de la liza electoral en cuanto al ejercicio del derecho fundamental a la participación política, o que tales riesgos no han sido suficientemente constatados. La decisión del Constitucional zanja la cuestión permitiendo que personas independientes, probablemente ligadas a la izquierda abertzale, accedan a las instituciones junto a electos adscritos a dos formaciones plenamente legales como EA y Alternatiba. Sin duda también porque la última modificación de la legislación electoral posibilita actuar contra aquellos electos que utilicen su cargo público para contravenir lo dispuesto en la Ley de Partidos, en tanto que den cobertura o apoyo a la perpetuación del terrorismo. El problema de la integración democrática de la izquierda abertzale tras su ilegalización se ha vuelto un asunto especialmente comprometido para los tribunales. La sentencia del Supremo admitiendo la impugnación de Bildu puede resultar jurídicamente tan solvente como su corrección por parte del Constitucional. De ahí que resulte desafortunado interpretar lo ocurrido como una expresión más del pulso que ambas instancias parecen mantener por afianzarse como la razón última del Estado de Derecho. O que la decisión del TC sea recibida como fruto de una supuesta intromisión del Gobierno para enmendar, al servicio de sus intereses más partidarios, la pauta establecida por el Supremo. La aceptación responsable de la palabra definitiva del Constitucional representa el mejor argumento para advertir a la izquierda abertzale que la de anoche no fue una victoria de su renuencia a cortar sin ambages con ETA y con su propio pasado, sino una muestra de la entereza del sistema democrático y de una sociedad que no permitirá que los fundamentalistas se mofen de la libertad.
Editorial en EL DIARIO VASCO, 6/5/2011