Derecho al ayuno

El Gobierno debe velar con máximo celo para que los etarras en huelga de hambre cumplan su voluntad de ayuno extremo

DE no haber mediado un oportuno hallazgo casual cuando la Guardia Civil merodeaba sin éxito el zulo de Ortega Lara, éste habría muerto de hambre y de sed en el siniestro agujero donde pasó 532 días con sus 532 noches, una condena algo más larga y dolorosa que aquella pena sentimental que arrastraba en una célebre canción Joaquín Sabina. Sus secuestradores decidieron mantener en secreto, una vez detenidos, la localización del escondrijo subterráneo en el que habían sepultado en vida a su rehén, encontrado finalmente gracias a un mero golpe de fortuna. Ha pasado el tiempo pero no el olvido; los nombres de aquellos sicarios permanecen desde entonces inscritos en los anales de la Historia Universal de la Infamia.

Uno de aquellos tipos, Iosu Uribetxeberria Bolinaga, está hoy enfermo de cáncer y recibe en un hospital donostiarra el correspondiente tratamiento. Si su diagnóstico resultase terminal es probable que un tribunal penitenciario lo excarcele concediéndole el derecho, que él negó a su víctima, de irse a morir a su casa. Pero en las democracias los presos están asistidos de derechos; por eso, entre otras cosas, son democracias. En las dictaduras —por ejemplo la cubana o la de Corea del Norte, modelos ideológicos con los que simpatizan los etarras— suelen dejarlos fallecer en las mazmorras, exactamente tal como Iosu y sus compinches pretendían hacer con Ortega Lara. Sólo que las deleznables celdas cubanas son suites de lujo comparadas con el cuchitril donde los terroristas encerraron a su inocente prisionero.

En el Estado democrático los reclusos tienen incluso el derecho de declararse en huelga de hambre, como han hecho el propio Uribetxeberria y unas decenas de correligionarios para demandar su puesta en libertad ¡¡por razones humanitarias!! Y el Gobierno está en la obligación de respetar tan legítima decisión y garantizar su cumplimiento. Por tanto el Ministerio del Interior debe velar con escrupulosa diligencia por la efectiva observancia de la voluntad de los penados. Las autoridades penitenciarias han de procurar con su mayor celo que ni Otegi ni ningún otro de sus ochenta colegas reciban alimento alguno que interrumpa su extrema dieta o les impida llevar a cabo su noble y conmovedor propósito de solidaridad, retirándolo si fuese menester de sus celdas mediante los registros correspondientes.

Cúmplase, pues, la ley con todas sus consecuencias. Si los internos de ETA desean ayunar, que ayunen. Si al carcelero de Ortega le corresponde salir, que salga, y si no el Estado ha de proveer que reciba en la cárcel los máximos cuidados médicos. El secuestrado perdió durante su cautiverio 23 kilos de masa muscular y ósea y sufrió diversos trastornos depresivos que afectaron a la noción psicológica del espacio y del tiempo. No recibió una mísera pastilla y nadie le devolverá los largos días en que le enajenaron todos sus derechos.