ABC-IGNACIO CAMACHO
La república no existe, idiotas, porque ningún político puede inventar el mito de un sujeto soberano subjetivo
SE llama Estado de Derecho a aquel en que los miembros de la comunidad se someten a un marco jurídico previo y por lo general fijado por escrito. Esas leyes organizan los derechos y los deberes de los ciudadanos y obligan también a las autoridades y a los legisladores que las han establecido mediante un procedimiento democrático legítimo. Por eso los responsables públicos juran o prometen lealtad a esos principios y aceptan respetarlos y cumplirlos en la conciencia de que cometerán delito si violan ese elemental compromiso. El ejercicio del poder, cualquiera que sea su naturaleza, no autoriza a nadie a saltarse las reglas que el pueblo se ha dado a sí mismo, ni siquiera invocando la supuesta voluntad de ese pueblo como respaldo subjetivo de un designio político. Se trata de un mecanismo sencillo: fuera del cauce constituido, ningún representante institucional puede inventar por su cuenta un sujeto soberano distinto.
El llamado conflicto catalán consiste, en esencia, en el intento sesgado y torticero de enfrentar a la democracia con el derecho. El primer día del juicio del procés lo explicó bien claro el fiscal del Supremo y ayer fue el Rey el que aprovechó un congreso de juristas para volverlo a poner de manifiesto. El monarca es el primero que está sometido a la Constitución, y de él para abajo no caben excepciones ni privilegios. El marco se puede cambiar, pero reuniendo una mayoría para ello, no creando mitos sobre una presunta superioridad colectiva prevalente ante el ordenamiento. La insurrección separatista se basa en el desprecio a las pautas de convivencia que rigen en el sistema completo. La república no existe (idiotas), ni tampoco una soberanía diferente a la del único pueblo, el español, que la Carta Magna reconoce como fuente de poder verdadero. La democracia consiste en el respeto a la ley, sin el que no existe libertad, y la Justicia es el método para salvaguardar el cumplimiento de sus preceptos.
El separatismo se ha presentado ante los tribunales fingiendo obedecer una legalidad paralela inspirada en una simple convicción que en realidad no es sino una quimera. La democracia española no sólo no penaliza las ideas, sino que es tan abierta que permite defender una aspiración de independencia. Pero lo que han hecho los independentistas es proclamar la secesión mediante una revuelta, un motín planificado, una cadena de actos de desobediencia. Su reclamación victimista es de una impostura ofensiva, grosera; sabían que atacaban al Estado y no les puede extrañar que el Estado se defienda.
Sucede que, expertos como son en la creación y divulgación de patrañas, se agarran a la ficticia contraposición entre emociones y razón con la vaga esperanza de confundir a ciertas mentalidades básicas. Pero se han equivocado en la estrategia y en la táctica porque han minusvalorado la energía estructural que puede desplegar España.