MARÍA TERESA BAZO, catedrática sociología-EL CORREO

Si alguien con responsabilidad política dijera que las mujeres no deben salir de noche solas, ir por lugares que pueden ser peligrosos ni portar ropa o complementos que pueden resultar provocativos (para los hombres, que como todo el mundo sabe son machistas desde que nacen), ¿qué se diría de esa persona si además simpatizara con la derecha política? Cuando el miembro de un Gobierno dice públicamente que tendrán que atenerse a «las consecuencias» los participantes en un desfile porque optan por ejercer así su libertad es lógico que se produzca un escándalo como al que asistimos hace unas semanas. Especialmente porque esas palabras las ha pronunciado el ministro de Interior en funciones, que dejó claro a las mujeres y a los hombres de Ciudadanos que tendría consecuencias empeñarse en acudir a la marcha del Orgullo «después de pactar con Vox». ¿Qué consecuencias? Agresiones físicas -lanzamiento de botellas con orines, trozos de hielo y escupitajos, empujones…- y todo tipo de insultos verbales y gestos soeces. No es extraño, pues, que haya quienes consideren que tal manifestación ha devenido en una farsa.

¿Acaso proclaman la discriminación las procaces ciudadanas y ciudadanos de C’s con sus «pactos obscenos» (Marlaska dixit) con la derecha? Es por lo que resulta tan anómalo en nuestra democracia y tan criticado socialmente que el ora ministro responsable de las libertades de todos los ciudadanos, pero antes juez -¡y probablemente después!-, en lugar de defender a los agredidos por ejercer el derecho a su libre y legítima expresión, venga a decir que no se van a consentir retrocesos en los derechos LGTBI. Como si fuese tal cosa el delito que contaminaba a los agredidos. Se legitima así al grupo que se arroga el liderazgo de todos otorgando o negando los certificados de limpieza de sangre, mientras se excluye a quienes no comparten su ideología. Destruidos sus derechos ciudadanos, pueden ser legítimamente arrojados a las tinieblas exteriores. Vuelve a repetirse la historia.

En muchos medios se ha recordado la misma acusación a los agredidos en Alsasua: «porque provocaban». ¿Así se define ahora defender a las mujeres maltratadas por hombres que no hacen honor a su condición de tales? Habiendo tanta defensora y defensor de los débiles, no abrieron la boca. Se echa mucho en falta para poder otorgarles credibilidad en los principios que pregonan la coherencia en sus acciones, porque no es de recibo utilizar tal defensa de las personas que etiquetan como débiles para señalar y excluir a otras como enemigas a las que les niegan el pan y la sal de las esencias progresistas.

Ante acontecimientos similares y/o comentarios sobre ellos, muchas personas se sienten pasmadas ante las caras de cemento armado con que se definen como pioneros, cuando no en la exclusividad de la idea o acción, en la defensa de unos u otros derechos. Parecen ignorar que en España se ha ido protegiendo con leyes aprobadas por todos, o por la inmensa mayoría de los parlamentarios, los derechos que la Constitución otorga a todos los ciudadanos igualándolos en su diversidad, cualquiera que esta sea. O peor, parecen creer que las personas se tienen que dividir en dos grupos: las que siguen los dictados de la vanguardia progre desnudos del mínimo conocimiento crítico y las que, careciendo de espíritu gregario, deciden tomar sus propias decisiones discerniendo en cada momento entre unos principios y otros, entre unos comportamientos u otros. Por eso a estas hay que domeñarlas con una buena propaganda difundiendo ideas ‘fake’.

Verbi gratia, las palabras de la vicepresidenta en funciones en los actos de celebración del 140 aniversario del PSOE: «¿El feminismo es de todas? No bonita, nos lo hemos currado en la genealogía del pensamiento progresista, del pensamiento socialista». Por ejemplo, en el caso de España y hablando de genealogía, la negativa del PSOE en 1931 a conceder el voto a las mujeres, cuando lo pedía otra mujer Clara Campoamor; por cierto, en contra también de su propio partido, el Radical, que no aceptaba la autorización del voto femenino.

La catedrática en Derecho Constitucional seguramente sabe cómo mujeres, valiéndose de la condición de tales, y también hombres, obtienen inmerecidamente títulos académicos y puestos de alta responsabilidad. Pero las mujeres y hombres verdaderamente feministas, como sin duda ella también conoce, son los que trabajan respetando las normas y procedimientos y sin buscarse privilegios de ninguna casta obtienen un reconocimiento. Sin vestirse con plumas ajenas. También son verdaderas feministas las mujeres que, trabajando dentro y/o fuera del hogar, se las arreglan junto con su pareja para compartir sus responsabilidades familiares, educando a sus hijos y transmitiéndoles en familia, como agencia primera y principal de socialización, los valores más preciosos de una sociedad democrática en el siglo XXI: la igualdad y el respeto a todo el mundo, la responsabilidad y la honradez.

Una vez más como se ha comentado y criticado, pero merece la pena en nuestra democracia reflexionar sobre ello: algunos años después del cese de la violencia etarra, no sólo no ha desaparecido la pérfida costumbre de acusar de victimarios a las víctimas, sino que desgraciadamente se va extendiendo como una repugnante mancha de aceite a otros grupos y actos, con la anuencia de quienes más debieran luchar contra la mentira y el odio y trabajar a favor de la paz y solidaridad social.