ISABEL SAN SEBASTIÁN, ABC 28/03/13
· Andan deliberando los jueces de la Gran Sala de Estrasburgo conscientes, esperemos, de que su decisión establecerá un precedente legal determinante.
Anda deliberando estos días el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo sobre el recurso presentado por el Reino de España contra la sentencia de su Sala Tercera que amparó a la etarra Inés del Río. Porque esta terrorista, condenada por 19 asesinatos consumados y otros 107 en grado de tentativa, acudió a ese órgano y obtuvo su respaldo. Es curioso comprobar cómo estas bestias sanguinarias apelan a los derechos humanos cuando se trata de los suyos e ignoran el primero y principal de ellos, que es la vida, a la hora de apretar el gatillo o accionar el mando a distancia que hará estallar el coche bomba.
Andan deliberando sus señorías sin percibir, acaso, que lo que han abierto sus compañeros de la Sala Tercera, seguramente inducidos por un magistrado español contaminado por su presencia en el Ejecutivo que negoció con ETA, es una puerta de comunicación con el infierno. Un paso franco que aprovechará la peor escoria habitante de nuestras prisiones para regresar a las calles y sembrarlas de muerte y violencia. Una caja de Pandora en el sentido más aterrador del término. Porque la doctrina Parot, cuya liquidación propiciaría un fallo contrario a nuestro país, ha sido el dique de contención del que se ha valido el Gobierno español en el empeño de impedir que los más dañinos delincuentes multi-reincidentes de nuestro archipiélago carcelario se aprovecharan de las grietas del sistema para golpear a una sociedad indefensa. Una medida de política penitenciaria pensada y ejecutada con el fin de alargar al máximo la estancia entre rejas de estos monstruos, dentro de los estrictos límites que establece nuestra legislación, extraordinariamente garantista en lo que concierne a los derechos de los criminales. Un parche, en definitiva, que ni alarga las penas de los condenados ni supone la aplicación retrospectiva de un código penal distinto al que se les aplicó, sino que se limita a modificar el modo de ejecutar esas condenas. Algo que, como el propio Tribunal ha reiterado en más de una ocasión, compete exclusivamente a nuestra Nación.
Andan deliberando los jueces de la Gran Sala de Estrasburgo conscientes, esperemos, de que su decisión establecerá un precedente legal determinante. Sabedores de que, si optan por soltar a Inés del Río, detrás de ella saldrán, uno tras otro, cincuenta y cuatro sicarios de la banda ETA, que todavía no se ha disuelto y sigue amenazando con volver a las andadas si no se satisfacen sus exigencias, culpables de centenares de atentados a cual más brutal; siete terroristas del Grapo; una asesina del «Ejército Guerrillero del Pueblo Gallego» y catorce delincuentes comunes de la peor calaña, que ni se han rehabilitado en la cárcel ni han dejado de constituir un peligro cierto. Por ejemplo: Pablo Manuel García Ribado, 74 violaciones, 6 agresiones sexuales; Miguel Ricart, 3 asesinatos de otras tantas menores conocidas como «las niñas de Alcasser»; Pedro Luis Gallego Fernandez, 10 violaciones con lesiones y 3 agresiones sexuales…
Andan deliberando estos próceres sobre el modo más atinado de cumplir con su obligación de impartir Justicia, con mayúscula, habida cuenta de que son la última instancia. ¡Ahí es nada! ¿Se acordarán de que una de las finalidades de la misma es reparar el daño causado a las víctimas, merecedoras de satisfacción? ¿Velarán por el bienestar de los inocentes que confían en el Estado de Derecho? ¿Aplicarán el sentido común?
Si profundizan en los dos conceptos que encarnan con su trabajo, «derechos» y «humanos», tomarán la decisión correcta. Confiemos en que lo hagan…
ISABEL SAN SEBASTIÁN, ABC 28/03/13