Derogar el sanchismo es la promesa-resumen que Feijóo parece haber elegido para resignificar una campaña que le estaba empezando a quedar demasiado dispersa o demasiado abstracta. La formuló el martes en el Senado y ayer la repitió en el Congreso Cuca Gamarra, reiteración que indica la existencia de un lema o de un mantra, una consigna contra la ofensiva gubernamental de cheques subvencionales, intervenciones de precios y promociones inmobiliarias. Esa música revocatoria suena bien en los oídos de una derecha harta de ingeniería social y de separatistas decidiendo el destino de España, pero hace falta ponerle letra, darle contenido, explicarla. Los ciudadanos tienen derecho a saber los detalles de una cuestión tan importante. Porque derogar el sanchismo no consiste sólo en desalojar a Sánchez, sino en regenerar las estructuras institucionales y enviar al desguace la legislación sectaria de la alianza Frankenstein. Devolver la normalidad a una escena pública contaminada de arbitrariedades, mentiras, artimañas y fraudes.

Ya que el líder popular ha decidido adelantar ese paso para impulsar las expectativas de sus candidatos a las elecciones de mayo, conviene que vaya concretando al menos lo esencial de su compromiso programático. Qué normas piensa abolir, cuáles en parte y cuáles en todo, con qué prioridades, en qué orden y en qué plazos. Si gana se va a encontrar un país dividido, un división de poderes subvertida, un déficit disparado, una Administración ocupada y un Estado endeudado para muchos años, y afrontar ese panorama vidrioso requerirá un trabajo que puede obstaculizar la demolición de la urdimbre jurídica de este mandato. Muchos votantes que abandonaron al PP por desencanto de su voluntad reformista albergan aún serias dudas sobre su verdadero estado de ánimo y temen que en vez de desmontar el modelo sanchista opte por subrogárselo con el pretexto de que hay problemas más urgentes y cometidos más necesarios.

La única manera de disipar ese recelo —que nutre el respaldo sociológico de Vox— y ganar crédito consiste en precisar bien cada proyecto, siempre bajo la premisa de que es mejor una omisión que un incumplimiento. Hay tiempo desde ahora hasta el invierno, pero es menester ser sinceros porque los anuncios electorales constituyen un contrato moral que implica la obligación de llevarlo a término. El factor que más ha desgastado al actual presidente es la continua inobservancia de su propia palabra, la fractura de los más elementales vínculos de confianza. La alternativa a esta legislatura de engaños y propaganda tiene que empezar por recuperar la honestidad y la eficacia de las proclamas. Y medir bien lo que se promete para no malversar esperanzas. Una abrogación general es una enmienda a la totalidad de una etapa, la rectificación completa de una bitácora. Dicho queda. Después no valdrán excusas ni coartadas.