JUAN CARLOS GIRAUTA-ABC

  • Tomen esas veinte mil viviendas públicas de la última patraña electoral: su suelo está todavía ¡sin identificar!

El Fraudillo, también conocido estos días como Don Piso, solo se acuerda de que las autonomías deben cumplir la ley cuando habla de Madrid o de Andalucía. Las otras del PP las maneja menos porque no sabe dónde caen. En la cabeza del cabecilla están esas dos, las desafectas, luego hay un gran espacio borroso y, por fin, están Cataluña y el País Vasco, que son ejemplares. A estas últimas nunca les recuerda que las leyes hay que cumplirlas; nos recuerda a nosotros lo bueno que es que no las cumplan, sobre todo en el caso catalán.

No cumplir la ley incluye una variedad de recursos propios de la gente del bronce metida en política: hacer leyes particulares (singular aberración jurídica), conceder indultos de forma arbitraria (la arbitrariedad es distinta a la discrecionalidad y no cabe en el ordenamiento), o pasarse por el arco del triunfo sentencias firmes sobre las horas lectivas en castellano. Incumplir sentencias también es infringir la ley, en concreto el artículo 118 de la Constitución: «Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales».

El nacionalismo catalán ya desestabilizó la Segunda República. De hecho, se alzó contra ella en 1934, coincidiendo con la revolución fallida del PSOE, fíjate. El nacionalismo catalán siempre ha interpretado, y siempre interpretará, las concesiones como signos de debilidad del Estado y, en consecuencia, como señales de que hay que forzar más las costuras del sistema. He ahí el anuncio de nuevo referéndum de Aragonés. Va a ser muy divertido y, sobre todo, muy instructivo, pues demostrará hasta que punto mete la pata Don Piso también aquí, cuando se vanagloria de no sé qué normalización de Cataluña.

Quizá por la desesperación propia del que se ve fuera del poder en cuestión de meses, el Fraudillo ha elegido una nueva vía para atraerse el voto joven una vez ha nacionalizado a todo lo que se movía: una Ley de Vivienda que básicamente perjudica a todos, arrendadores y arrendatarios. Lo perverso del mecanismo es tan evidente que lo pilla un niño de diez años si se lo explicas. Pero este es el Gobierno de las consecuencias indeseadas y, sobre todo, de las mentiras. De lo malo que pasa, que es casi todo, no tienen ellos culpa porque su intención era buena, y así siguen empedrando el infierno. Su torpeza es tal que yo ni siquiera les supongo buenas intenciones para no tener que considerarlos directamente una pandilla de imbéciles. Luego está la mentira, que ha sido a menudo flagrante y que esta vez adopta la forma de promesa ful. Tomen esas veinte mil viviendas públicas de la última patraña electoral: su suelo está todavía ¡sin identificar! Con Zapatero, Vivienda regalaba una zapatilla deportiva para buscar piso a la pata coja. Con Sánchez tendrán que regalar unas gafas de realidad virtual para que el joven se meta varios minutos al día en su sala de estar ficticia.