Desafío y desobediencia en Cataluña

EL nacionalismo catalán. El «proceso». Reacción antidemocrática en Cataluña. El síndrome de la nación elegida. El populismo localista. El chovinismo del bienestar. La independencia. Primera fase: la utilización selectiva de la democracia liberal y el Estado de Derecho. Segunda fase: la democracia orgánica como vía de acceso a la secesión. Del desafío a la desobediencia.

En Cataluña, el Estado de Derecho se va difuminando. El imperio de la ley se supedita a los intereses del «proceso». Desafío. Palabras de los imputados por el «proceso participativo» del 9-N: «Un honor ser procesado», «lo volveríamos a hacer». La presidenta del Parlamento catalán responde a la interlocutoria del Tribunal Constitucional por haber tramitado el informe de la Comisión de Estudios del Proceso Constituyente, pese a la resolución del Tribunal: «Volvería a hacer lo mismo», «no conseguirán pararnos ni atemorizarnos». Malos tiempos para la democracia en Cataluña.

El Gobierno nacionalista de la Generalitat incumple sistemáticamente las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que cuestionan su política de nacionalización social y secesión política. ¿El cumplimiento de las resoluciones que suspenden las «consultas participativas», que exigen que catalán y castellano sean lenguas vehiculares en la escuela o que señalan los excesos competenciales del Gobierno autonómico? Oídos sordos. Y cuando el nacionalismo habla, arguye que estamos ante un «aquelarre judicial» y unas «resoluciones políticas» sin «valor normativo». Y añade que incumple la ley porque están «legitimados para hacerlo» y obedecen un mandato democrático». Sigue el desafío: «Contra la revolución democrática catalana, el Estado español –con la Brigada Aranzadi a la cabeza, dicen– ha lanzado su ejército de instituciones, funcionarios y leyes». Más: nos pondremos «a trabajar para impedir que las sentencias tengan efecto práctico». Presumen de ello e impulsan el «proceso constituyente que conduzca a la República Catalana». Al respecto, no es una casualidad que el nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña –en su toma de posesión– advierta al Parlamento catalán que las normas básicas –Constitución y Estatuto– no podrán «verse superadas si no es previa reforma, lograda por los mecanismos establecidos» al tiempo que asegura «la aplicación efectiva de la legalidad vigente, y de ninguna otra». Oídos sordos.

Un desafío que se vale de la «astucia». Engaño, enredo, deslealtad. Para burlar la legalidad democrática, se habla de «derecho a decidir», «proceso participativo» en «locales de participación» o «radicalidad democrática». Un paso más: referéndum vinculante, sostienen. Las denominadas «leyes de desconexión de España» se disfrazan: «ley de régimen jurídico catalán», «ley integral de protección social catalana» y «ley de la administración tributaria catalana». Palabras de la Fiscalía de Barcelona: el Gobierno de la Generalitat de Cataluña recurre al «empleo de argucias jurídicas sin precedentes –ni siquiera en el derecho comparado– y actuando con absoluta falta de lealtad con el acuerdo constitucional». Lo chusco del caso: la Generalitat de Cataluña lamenta «la baja calidad democrática del Estado español».

Sin embargo, al nacionalismo catalán el desafío no le ha dado los réditos suficientes para proseguir con la ficción independentista. Y si tenemos en cuenta que el pacto con el Estado es imposible –vale decir que el nacionalismo, por mucho que hable de diálogo, solo quiere imponer su plan secesionista por catalán decreto: «O referéndum o referéndum», dijo Carles Puigdemont en sede parlamentaria–, ¿qué hacer? Del desafío –que se mantiene– a la desobediencia con el auxilio de la teoría de la legitimidad. El nacionalismo catalán considera que «la cerrazón política de los líderes españoles no permite explorar el pacto y les resta toda legitimidad». Concluye: «Lo que no es legítimo no debe obedecerse ni respetarse», «la mayoría parlamentaria responde al mandato electoral» y «lo demás es fundamentalismo nacionalista español». En definitiva, la legitimidad está de mi parte. ¿La ley? Oídos sordos. Con una mayoría parlamentaria que no permite reformar el Estatuto, que únicamente habilita para gobernar una autonomía, con estos mimbres, el nacionalismo catalán pretende iniciar, vía desobediencia «legítima», un proceso constituyente hacia la República Catalana.

Con el desafío primero, y con la desobediencia después, el nacionalismo catalán transita del pacto imposible por la independencia a la búsqueda de la independencia por coacción. Por partida triple: 1) induciendo a la desafección, 2) amenazando con la inestabilidad y el desorden, y 3) provocando una crisis y ruptura del Estado. Un crescendo que se vale de 1) la propaganda y la protesta, 2) la resistencia y no cooperación con el Estado, 3) la creación de instituciones alternativas y poder paralelo. Una táctica y estrategia coactivas 1) para perpetuar el conflicto, 2) mantener la división social y política, 3) provocar al Estado con la intención de victimizarse, 4) cohesionar y movilizar a la fiel infantería soberanista en el camino de la independencia, y 5) derribar los «muros de la legalidad» española. Insurrección: levantarse contra la autoridad pública, contra el gobierno establecido.

Llama la atención que el modus operandi del independentismo –del desafío a la desobediencia– se caracterice, de facto, por una democracia orgánica sui géneris que convive, atemperada, con la democracia liberal. Hoy, el nacionalismo catalán busca su legitimidad en la familia (Asamblea Nacional Catalana o Súmate), el municipio (Asociación de Municipios por la Independencia), el sindicato (CC.OO, UGT, Movimiento Obrero por la Independencia) y otras corporaciones (Ómnium Cultural, Consejo Asesor Para la Transición Nacional, Mesa por el Derecho a Decidir, Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, Círculo Catalán de Negocios, Plataforma por la Lengua, Iglesia Plural y entidades como Autónomos, Ingenieros, Campesinos, Juristas, Docentes, Arquitectos, Estudiantes, Jóvenes o Artistas, todos ellos por la Independencia). Asimismo, existe una sección femenina que responde al nombre de Mujeres por la Independencia. El nacionalismo encuadra, se manifiesta y aclama. Y cuenta con medios afines, intelectuales orgánicos, afectos y desafectos. Y arremete contra el adversario convertido en enemigo de la Patria. E, incluso, algún «gironazo» en defensa de la causa. A ello, añadan la idea de Leyes Fundamentales, Movimiento, Régimen y Revolución Pendiente. De la unidad de destino en lo universal a la unidad de destino en lo europeo. ¿Qué ocurre con la discrepancia? Punto 7 de las conclusiones del informe de la Comisión de Estudios del Proceso Constituyente, aprobado y tramitado por el Parlamento catalán el 19 de julio de 2016: «Una vez convocada, elegida y constituida, la Asamblea Constituyente dispondrá de plenos poderes. Sus decisiones serán de obligado cumplimiento por todos los demás poderes públicos, personas físicas y jurídicas. Ninguna de sus decisiones serán susceptibles de control, suspensión o impugnación por parte de cualquier otro poder, juzgado o tribunal». Muy propio de la democracia orgánica. Quizá por ello, un conocido independentista, catedrático de literatura catalana en la Universidad de Barcelona, afirmó lo siguiente: «Dejadme ser cínico, del franquismo también se puede aprender». Se desconoce si los teóricos del «proceso» han leído a Arrese, Fernández de la Mora, Vegas Latapie o López-Amo.

Ante el golpe de Catilina, Cicerón lo dijo en latín: «Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?». En castellano: «¿Hasta cuándo abusarás, Catilina, de nuestra paciencia?».