Sería muy divertido, pura justicia poética, que Puigdemont aprovechase la próxima rebaja del tipo penal de la sedición para volver a España y presentarse ante el juez Llarena. A ver cómo gestionaba Sánchez el efecto político de esa jugada en plena carrera por la reválida de su presidencia. Porque el regreso voluntario del prófugo es una de las probables secuelas de la componenda legislativa que el Gobierno confiesa estar preparando a requerimiento –exigencia más bien– de Esquerra. No la única: en la práctica, el indulto y la reforma legal dejarían la sentencia del ‘procès’ desacreditada ante la Corte Europea, que podría tumbarla sin problemas como lleva más de un año advirtiendo el magistrado del Supremo que la redactó, Manuel Marchena. Esa humillación de la justicia española en Estrasburgo es el objetivo perseguido, también desde hace tiempo, por Oriol Junqueras, que se sabe ante la última oportunidad de obtenerlo y está aprovechando la negociación de los Presupuestos para apretarle al presidente las tuercas.

Más a largo plazo, el conjunto de medidas de ‘desjudicialización’ que el Ejecutivo trapichea con sus aliados supone ni más ni menos que el desarme jurídico del Estado ante cualquier intento futuro de subvertir el orden democrático. La sedición no es sólo un delito contra el orden público, como sostienen las ministras que Moncloa envía a repetir consignas, sino contra el marco constitucional, o sea, contra la base misma de la legitimidad normativa. Y por consiguiente –ah, la vieja muletilla felipista– la minimización del castigo equivale a dejar la Constitución inerme, desamparada, desprotegida, y a certificar la impunidad de la próxima insurrección separatista. En la práctica supone casi una invitación a delinquir acompañada de una petición de disculpa retroactiva. Ustedes perdonen, señores sediciosos, nos pasamos de susceptibles; pueden «tornar-ho a fer» con todas las garantías.

El asunto no es de los que ganan votos en la calle, así que Sánchez tendrá que definir sus prioridades; sacar el Presupuesto adelante con concesiones de esta clase –y las que vendrán, que Bildu aún no ha sacado el pliego de peticiones– tendrá indudable repercusión en sus expectativas electorales. Allá él pero si lo hace el Partido Popular tendrá que responder con algo más que los habituales aspavientos. Por ejemplo, con el compromiso de volver a penalizar la convocatoria ilegal de referendos, aquella previsión de Aznar que suprimió Zapatero y que Rajoy no quiso reinstaurar con el resultado que todos conocemos. A Feijóo no parece gustarle demasiado la agenda derogatoria, porque sabe que si llega al poder le van a faltar manos para deshacer entuertos, pero ésta es una cuestión que vale la pena –nunca mejor dicho– tomar en serio. Están en juego la integridad nacional, el decoro institucional y la protección de los fundamentos del Estado de Derecho.