A cuatro días de que se abran las urnas en Castilla y León el presidente del Gobierno no ha podido evitar caer en su costumbre de utilizar recursos públicos para favorecer a su partido. En la recta final de la carrera y cuando las encuestas detectan cierta pérdida de fuelle del PP, Pedro Sánchez ha vuelto a hacer de sí mismo, tirando de chequera ajena. A ver si cuaja el maná prometido en forma de votos y su candidato Tudanca tiene más suerte de la que le deparan los sondeos. Si hay que comprar votos con los fondos de Bruselas, se hace. No le importa disfrazarse de ‘Mister Marshall’ aunque los últimos días de la campaña adopten cierto toque ‘berlanguiano’. Si, con eso, los sufridos votantes castellanos se olvidan de aquel ministro que hizo campaña contra la calidad de la carne de las macrogranjas, algo habrá avanzado. El campo está que trina no solo por las torpes causas emprendidas desde el ala comunista de la Moncloa sino por la subida de los costes. Y Sánchez necesita que, de las próximas elecciones, surja un gobierno autonómico que no le levante la voz cuando quiera obligar a la Junta a reimponer o subir impuestos. Ha puesto al ministro Planas a dar un barniz técnico al anuncio de la lluvia de millones (mil) para la agroindustria con la esperanza de que el electorado desencantado de la España vaciada aplauda con su voto el gesto de la chequera a cargo de Bruselas. Suena a paternalismo del pasado siglo. Pero estamos en el ciclo del sanchismo donde no se inauguran pantanos ni se cortan cintas de autovías (¡qué escándalo! ¿no?) pero se utiliza el BOE, además del CIS de Tezanos con sus encuestas ‘flash’, en beneficio partidista. Se están alterando las reglas del juego democrático y se está faltando al respeto del ciudadano pretendiendo intercambiar dádivas por votos.
La ley electoral impide a los poderes públicos financiar directa o indirectamente cualquier acto que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos. Pero, ¿desde cuándo le ha importado la ley a este Gobierno? Pedro Sánchez es reincidente. No es la primera vez que utiliza al Gobierno para influir en una campaña electoral a favor del PSOE. También la que fue su ministra portavoz Isabel Celaá. A los dos se les abrió expediente sancionador por parte de la Junta Electoral Central por haber vulnerado la neutralidad que se exige a los poderes públicos en período electoral. Los dos hicieron electoralismo desde la Moncloa y fueron multados.
El PP, a pesar de que Sánchez ya ha sorteado apercibimientos por haber haber hecho propaganda electoral con medios públicos, ha hecho caso omiso de las declaraciones de inconstitucionalidad de sus dos estados de alarma, lo ha denunciado ante la Junta electoral por «juego sucio». Hay que estar muy desesperado para recurrir a métodos tan poco ortodoxos. O muy sobrado al ver que sus abusos siguen sin pasarle factura.