El pasado 22 de noviembre, el presidente Pedro Sánchez nos dijo que «el sistema nacional de salud está preparado. Su capacidad para vacunar en un corto espacio de tiempo es sobresaliente». Esta fue la primera de una docena de presentaciones trompeteras del Gobierno para explicar –ni un solo día sin un titular– el plan de vacunación. La realidad es que la compra de las vacunas la ha gestionado Bruselas y la administración de las vacunas se ha dejado en manos de las comunidades autónomas. El Gobierno central ha decidido no intervenir –salvo las ruedas de prensa–, al contrario de lo que hizo en marzo de 2020, cuando decidió asumir el mando único en la gestión de la pandemia. Está en manos de Moncloa establecer cuánta responsabilidad quiere asumir y durante cuánto tiempo. Si asume el mando único es una decisión política. Si no asume ningún mando, también es una decisión política.

En paralelo, los presidentes autonómicos han puesto en marcha sus propios procesos propagandísticos –unos más que otros– para promocionarse. Pero al terminar la primera semana de vacunación, ninguna comunidad había administrado todas las dosis recibidas. Ninguna. La más eficiente había sido Asturias, con un 80%. Las más perezosas, Cantabria y Madrid, cuyos responsables políticos llenaron sus bocas de pretextos y coartadas: que si la difícil movilidad de las personas mayores, que si los turnos de fin de semana, que si las fiestas… Hacía semanas que estaba prevista la llegada de las primeras dosis para finales de diciembre, ¿nadie reparó en que todos los años llega la Navidad en las mismas fechas? En la guerra también hay que defenderse de los bombardeos durante los fines de semana y los festivos. Y esta es nuestra guerra.

En la guerra también hay que defenderse de los bombardeos durante los fines de semana y los festivos. Y esta es nuestra guerra

Sobre la calamitosa gestión de nuestra calamitosa situación sanitaria hay tres ejemplos que no deberían ser tolerables en un país moderno. Primero: la Comunidad de Madrid, gobernada por PP y Ciudadanos, se queja de que el Gobierno central le da pocas dosis, cuando en Madrid terminaron la primera semana de vacunación habiendo administrado solo el 3% de las que tenían y en la segunda semana apenas han acelerado el ritmo. Quizá se hubiera podido hacer aún peor, pero no es fácil. Segundo: el día de Reyes –con casi todas las comunidades anunciando nuevas restricciones, cerrando el comercio y la hostelería, y hasta pidiendo un confinamiento total– en Extremadura, Aragón, La Rioja, Baleares, Canarias y Galicia no se vacunó a nadie porque era festivo. Cinco comunidades gobernadas por el PSOE y una por el PP. Tercero: Salvador Illa es a la vez ministro de Sanidad y candidato en las elecciones catalanas. Cabría la posibilidad de que Illa pudiera hacer bien esas dos labores a un tiempo, o incluso muchas más si se esfuerza un poco. Pero ni siquiera se despeina cuando se le dice que acaso no sea lo más conveniente. Y Pedro Sánchez, tampoco.

La mala noticia es que el proceso de vacunación no podía empezar peor. Tenemos un modelo de Estado descentralizado. Y es un sistema adecuado, salvo que lo convirtamos en un caos. La buena noticia es que tenemos un enorme margen de mejora si, en lugar de que cada cual ocupe el día en observar detenidamente su propio ombligo y esté más preocupado de la propaganda que de gestionar los problemas, se ponen a funcionar todos los recursos disponibles. No solo al personal sanitario que ya está en marcha, sino a la sanidad militar, a la sanidad privada, a sanitarios jubilados, a servicios médicos de empresas, a estudiantes de enfermería y medicina en cursos avanzados, a matronas, veterinarios o farmacéuticos. Puede haber colectivos sanitarios que necesiten alguna mínima formación específica. Pero, aunque esta vacuna sea un poco más complicada de aplicar que la de la gripe u otras, no deja de ser una vacuna: poner una inyección en un brazo. No es una operación a corazón abierto.

En 2010, el Gobierno socialista de Zapatero militarizó a los controladores aéreos que se pusieron en huelga. Lo hizo decretando el estado de alarma. Restableció el orden y el tráfico aéreo. Hizo lo que había que hacer. Y no estaba muriendo nadie, ni se llenaban los hospitales. Hoy, sí.

Volvemos a asistir al interesante pero no resuelto debate sobre cómo funciona la colaboración entre las administraciones central, autonómica y local

Este fin de semana asistimos a una nevada fuera de lo común. Por tanto, muy difícil de gestionar. Pero no ha llegado por sorpresa. Hacía una semana que los meteorólogos nos advertían de lo que iba a pasar. Sin embargo, los medios que se han utilizado no han sido suficientes, y volvemos a asistir al interesante pero no resuelto debate sobre cómo funciona la colaboración entre las administraciones central, autonómica y local.

En España sufrimos un mal que han definido bien las democracias anglosajonas, que tienen más experiencia que las demás: el mal de ocupar más esfuerzos en la ‘politics’ que en la ‘policy’. Son dos palabras muy parecidas, pero no significan lo mismo. Se entiende por ‘politics’ el trabajo dedicado a alcanzar el poder y mantenerse en él. Mientras que ‘policy’ es la labor de gestionar y resolver los problemas de los ciudadanos. Es una lástima que dispongamos de verdaderos virtuosos en el arte de la propaganda política y del golpe de efecto. Y, sin embargo, sea tan difícil encontrar gestores eficientes.