ABC 16/12/16
EDITORIAL
· De fracasar la nueva vía de negociación abierta por el Gobierno, el Estado de Derecho deberá actuar con la más absoluta contundencia
LA política en Cataluña sigue sumida en el más absoluto desconcierto. El día a día está condicionado única y exclusivamente por el proceso independentista e irracional puesto en marcha por la Generalitat, por la desobediencia civil como modo de ignorar las resoluciones del TC contra el desafío y por el desprecio sistemático a la ley. Nada está orientado a mejorar la vida de los catalanes, sino a enfrascarlos en una aventura sin pies ni cabeza que solo genera incertidumbre económica, inseguridad jurídica y quiebras emocionales en la sociedad. Carles Puigdemont es rehén de una decena de diputados anarquistas y probatasunos, y la legislatura durará lo que quiera la CUP. Ni más ni menos. La novedad es que el TC ha vuelto a frenar en seco cualquier pretensión de celebrar un referéndum ilegal por la secesión. Y la respuesta ha sido insinuar, con una soberbia insoportable, rayana en lo chulesco, que el Estado no se atreverá a «poner los tanques» para impedirlo. Que Puigdemont simule ahora discrepar de la CUP no puede ser interpretado como un gesto hacia el Gobierno central ni como un guiño constructivo hacia su intención de promover un diálogo político para abordar el conflicto catalán. Puigdemont no quiere dialogar, solo imponer su chantaje al precio que sea. Y si discrepa de la CUP diciendo que no permitirá que le impongan una «agenda de la desobediencia» para causar un choque de trenes violento, no es para enmendar la plana a esos diez diputados, sino para granjearse simpatías entre su maltrecha parroquia, harta ya de la vacuidad del Gobierno de Junts pel Sí y del deterioro de la política en Cataluña. Puigdemont sobreactúa contra la CUP con un enorme cinismo porque en el fondo es consciente de que su cargo de presidente de la Generalitat pende de un hilo. Depende de la voluntad de la CUP. Este partido ya acabó de un plumazo con la carrera política de Artur Mas, y puede hacerlo a capricho con la suya. La estabilidad del Gobierno catalán es nula.
En cualquier caso, es desolador contemplar cómo en distintos medios políticos, sociales y económicos no independentistas se ha asentado con una naturalidad alarmante la tesis de que solo desde la cesión al desafío secesionista habrá solución, sin importar los dictados imperativos de la Constitución ni la voluntad de la mayoría de los españoles. Es como si la celebración, forzada o pactada, de un referéndum separatista fuese la estación término inevitable. En absoluto es así. De fracasar la nueva vía de negociación abierta por el Gobierno de Rajoy, y de persistir la desobediencia del Parlamento catalán, el Estado de Derecho deberá actuar con la más absoluta contundencia. En ningún caso debería permitirse que se repita la escena de ver cajas de cartón expuestas como urnas ilegales para un simulacro de votación.