Si Pedro Sánchez acudía a la reunión con Olaf Scholz con la esperanza de que su pertenencia común a la familia socialdemócrata europea suavizara el tradicional apego alemán a la responsabilidad y el rigor fiscal, la decepción debió de ser notable.
Porque si algo dejó claro ayer Scholz es que la Unión Europea (UE) es una sociedad económica, no ideológica, y que la lealtad a la familia socialista es sólo la tercera en importancia para él tras la lealtad a los ciudadanos alemanes y a la propia UE.
Habría sido inocente esperar otra cosa del líder de un partido socialdemócrata que ante la disyuntiva de gobernar junto a los radicales de Die Linke o los liberales, optó por estos últimos. El líder de un partido que ha gobernado en coalición durante varios años junto a la CDU de Angela Merkel para evitar, precisamente, lo que ha ocurrido en España: que los partidos populistas y nacionalistas condicionen la gobernabilidad de un país que aspiran a quebrar, en más de un sentido de la palabra.
Finanzas insostenibles
El reconocimiento por parte de Sánchez de que las finanzas públicas españolas son insostenibles si no se relajan las reglas fiscales europeas es la evidencia de un fracaso. España no puede exigir magnanimidad de unas autoridades europeas de las que se aceptan ayudas multimillonarias, pero a las que nunca se les ofrece aquello que estas ansían: una reducción sensible del desaforado nivel de gasto español.
El debate está abierto en la UE. Las economías que muestran mayores dificultades para la recuperación económica, con la española a la cabeza, exigen que la reimposición de las reglas fiscales suspendidas durante la pandemia, que limitaban el déficit al 3% y la deuda pública al 60% del PIB, se relajen al máximo. Las economías cumplidoras, y entre ellas la alemana, piden su regreso inmediato en 2023.
España pretende evitar que una retirada prematura de los estímulos impida la recuperación de nuestra economía. Bruselas, y Olaf Scholz con ella, cree que esa contención es, precisamente, lo que ha permitido que se pueda rescatar hoy a países como España inyectando en ellos un rescate de 140.000 millones de euros. Si esas reglas se rompieran, la UE carecería de reservas para rescatarla en el futuro.
La deuda debe pagarse
Pedro Sánchez pretende que los 70.000 millones de euros en créditos (que España no ha pedido todavía) no contabilicen como deuda. La economía española no está comportándose como debería y las cuentas públicas, como explicaba EL ESPAÑOL este lunes, no soportarán la tensión de una inyección de deuda pública de 70.000 millones de euros en el periodo 2024-2026 si no se relajan las reglas fiscales europeas.
Pero España no puede depender eternamente de un gol en tiempo de descuento. Es obligación del Gobierno, por impopular que sea el empeño y por mucho que pueda afectar a sus expectativas electorales, poner en orden sus cuentas, reducir el gasto, flexibilizar la economía y el mercado laboral español, corregir sus irreales expectativas de crecimiento y hacer los deberes fiscales.
Incrementar el gasto y la deuda año tras año mientras se aumenta la presión fiscal hasta extremos inasumibles (y la propuesta de modificación de las tarifas de autónomos son un ejemplo reciente de fiscalidad confiscatoria de libro) puede salvar a un Gobierno a corto plazo, pero condena al país al desastre a medio y largo plazo.
Sánchez está actuando como si España no tuviera que pagar la deuda y se pudiera seguir gastando sin freno a costa de los propios ciudadanos españoles productivos, en primer lugar, y de los europeos, en segundo lugar.
Y frente a esa actitud, no hay solidaridad socialdemócrata que valga. El presidente debería tomar buena nota de los mensajes de Scholz.