El recurso presentado por el gobierno vasco ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo contra el Ejecutivo español, con el propósito de que esta alta instancia judicial europea invalide la Ley de Partidos y la ilegalización de Herri Batasuna decretada por el Tribunal Supremo, vuelve a encender nuestra indignación y a llevar al límite nuestra capacidad de asombro ante la impudicia con la que los nacionalistas prodigan los gestos públicos de apoyo a ETA.
Y digo los nacionalistas, así, en general, porque en su reciente reunión en la capital catalana los partidos firmantes de la Declaración de Barcelona han manifestado, como no podía ser de otra manera, su total acuerdo con estas iniciativas de sus homólogos abertzales. El PNV y sus dos acólitos del tripartito persisten en llevar al País Vasco a la ruina material y moral, y no cejan en su desafío al Estado y en su empeño insensato de tensar la cuerda de la paciencia del resto de España, sin advertir, o sin querer advertir, que el día que consigan romperla los primeros en precipitarse al vacío serán ellos.
Pero el estupor y la repugnancia alcanzan su clímax cuando se leen y se escuchan los argumentos del portavoz de Ajuria Enea, Josu Jon Imaz, para justificar su apelación al Consejo de Europa y la no menos asombrosa actuación del presidente del Parlamento vasco, Juan Mari Atutxa, al someter a la Mesa de la Cámara un escrito reconociendo al grupo liderado por Arnaldo Otegi su correspondiente subvención, a pesar de la resolución del Tribunal Supremo ordenando su bloqueo. La invocación de «el derecho de la ciudadanía vasca al pluralismo político, a la libertad de asociación y a un juez imparcial» con el fin de proteger a los desalmados que asesinan fríamente por la espalda a víctimas indefensas, produce escalofríos. ¿Qué respeto tienen los matarifes de ETA al pluralismo y a la libertad? ¿De qué juez independiente han dispuesto centenares de personas de toda edad y condición a la hora de ser sentenciados a muerte por la banda mafiosa? Los abismos de abyección a los que se ha tenido que descender para poder lanzar semejantes apelaciones contra uno de los Estados de Derecho más escrupulosos del mundo en orden a facilitar el trabajo de una organización terrorista de la peor ralea, no tienen parangón.
El hecho de que un representante político supuestamente democrático comparezca ante las cámaras de televisión y exhiba tal muestra de desprecio a tantos seres humanos vesánicamente eliminados y torturados sin que le tiemble un músculo del rostro nos da una idea de la gravedad del problema al que nos enfrentamos. O sea, que está la cosa como para empezar a suministrar más armas institucionales a estos caballeros como propone seráficamente el bueno de Zapatero. No se sabe qué es mayor, si la desfachatez criminal de unos o la boba irresponsabilidad de otros.
Aleix Vidal-Quadras, LA RAZÓN, 12/9/2003