El anuncio de la propuesta del Gobierno de reforma del delito de sedición -para reducir a la mitad las penas que actualmente contempla-, concebida como una cesión a ERC para lograr su respaldo al proyecto de Presupuestos Generales, ha hecho saltar por los aires las negociaciones entre el Gobierno y el Partido Popular para la renovación del CGPJ. Con ello se da un paso más en el proceso de erosión e incluso descomposición del Estado de Derecho.

La Unión Europea ha sido y es clara y contundente a la hora de formular las reformas que requiere España para fortalecer el Estado de Derecho: en primer lugar, la renovación del CGPJ y la modificación del sistema de designación de sus miembros; y, en segundo lugar, el fortalecimiento de la imagen de independencia del fiscal general del Estado. Nunca ha dicho nada sobre el delito de sedición. Cuando el Gobierno justifica su propuesta en la supuesta exigencia de equiparar nuestro Código Penal a otros europeos no está diciendo la verdad.

Si el delito de sedición se compara con el previsto en otros Estados para las simples alteraciones del orden público, efectivamente, se comprueba que, en ese ámbito, las penas previstas son inferiores. Sin embargo, la comparación debe establecerse con aquellos delitos que sancionan los ataques contra la Constitución y la integridad territorial del Estado, y ello, aunque no medie la violencia física. En ese sentido, casi todos los países prevén penas mucho mayores para hechos como los acaecidos en Cataluña en 2017. Esto es algo que ya advirtió el Tribunal Supremo en la sentencia del ‘procés’.

La «amenaza» de usar la fuerza para destruir la República Federal de Alemania (delito de alta traición) tiene una pena mínima de diez años y máxima de cadena perpetua. En Portugal, el intento de separar una parte del territorio nacional aun sin violencia lleva aparejada una pena de 10 a 20 años. Y, además, tanto en Alemania como en Portugal están prohibidos los partidos separatistas. Francia, que tampoco tipifica la sedición, prevé la cadena perpetua para quienes inciten o dirijan ataques contra la integridad territorial.

La reforma que necesita nuestro Código Penal es la inclusión de tipos penales que defiendan al Estado de ataques producidos desde el interior, por los propios poderes públicos, con la intención de destruir el orden democrático y la unidad del país. Justo lo contrario de lo que el Gobierno ha pactado con ERC en el marco de lo que llaman «desjudicialización».

La reforma propuesta del delito de sedición (reducción de penas a la mitad) tendría efectos muy perniciosos y dejaría al Estado de Derecho prácticamente indefenso ante intentonas golpistas como la producida en Cataluña en 2017. En primer lugar, si se reducen las penas a la mitad, el prófugo Puigdemont podría regresar a España y sería difícil justificar su detención preventiva. En segundo lugar, la sentencia de los principales líderes del golpe de 2017 (ya indultados) quedaría deslegitimada ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que podría anularla por desproporcionada. Y, finalmente, supondría un formidable estímulo a quienes han proclamado con claridad que «lo volverían a hacer».

Se entiende así el sentido que los separatistas catalanes atribuyen al concepto de «desjudicialización», pero resulta incomprensible que el Gobierno de la nación transite por esa senda autodestructiva cuya primera consecuencia ha sido la ruptura de las negociaciones con el PP. La oposición no puede consentir ni legitimar un proceso tendente a desapoderar al Estado de sus imprescindibles mecanismos de defensa.

En este contexto, resulta ineludible la formalización de un gran acuerdo entre el PSOE y el PP para el fortalecimiento del Estado de Derecho que se traduzca, por un lado, en una renovación del CGPJ sin cuotas, lo que exige admitir el veto a cualquier candidato ‘contaminado’ en sentido partidista. Y, por otro, en una reforma del Código Penal para tipificar las conductas ‘golpistas’ contra el orden constitucional y la integridad territorial del país. En este sentido, bastaría con que Pedro Sánchez cumpliese su promesa de 2019 -dejando en paz el delito de sedición- de reintroducir en el Código Penal el delito de convocatoria de referéndum ilegal.

En todo caso, los acontecimientos de los últimos días ponen de manifiesto una vez más la esquizofrenia del Gobierno. No se puede pretender negociar la renovación del CGPJ para cumplir con el Estado de Derecho al mismo tiempo que en otra sede se pacta con otras fuerzas políticas las fórmulas más adecuadas para dejar a aquel indefenso. Porque de eso es de lo que se trata: de despojar al Estado de sus instrumentos mínimos de defensa. Con ello se ‘desjudicializa’ el ‘problema’. Lo que se pretende es que si se repiten los acontecimientos de 2017 el Poder Judicial no pueda parar el golpe.