La autoenmienda suscrita por PSOE y Unidas Podemos al proyecto de Ley de Memoria Democrática del Gobierno en la que proponen que la legislación española, incluida la Ley de Amnistía de 1977, se interprete de conformidad con el Derecho Internacional es ante todo una iniciativa de naturaleza política para mantener la unidad del bloque de investidura. Una iniciativa que carece de un alcance jurídico preciso, dado que corresponde a los jueces entender sobre las eventuales denuncias que se refieran a posibles ilícitos del pasado teniendo en cuenta también los tratados internacionales. Es preocupante que los socialistas se hayan dejado arrastrar por las pulsiones a su izquierda y en el independentismo para revisar por esta vía el «régimen del 78».

La Ley de Amnistía no fue un perdón que las Cortes constituyentes concedieron a los responsables del franquismo. Fue fruto de una reivindicación que la oposición democrática y de izquierdas enarboló tras la muerte del dictador para borrar las causas que pesaban sobre quienes se opusieron al oprobio fascista sin tener en cuenta la naturaleza material de los delitos que hubiesen podido cometer. A cambio, la democracia renunciaba a encausar a los responsables del régimen que dejaba atrás. La Ley de Amnistía tampoco fue un perdón que las Cortes constituyentes dictaron con aplicación universal e inmediata. Era necesario acogerse a ella individualmente y hacerlo ante la Justicia, sin que el veredicto de esta pudiera soslayar responsabilidades civiles. Aquella ley fue aprobada por el Congreso con 296 votos, dos en contra y 18 abstenciones. Con el PSOE, el PCE, CiU, PNV y ERC a favor.

Es comprensible que 44 años después se vean y, sobre todo, se sientan las cosas de manera distinta. Pero el cuestionamiento de esa regulación no puede caer en el deleite de revisar el pasado desde la comodidad del presente. Y mucho menos en la injusticia de reprochar a los de entonces su poca ambición de libertad. Convendría que tanto los firmantes de la autoenmienda como los promotores de la derogación de la ley -ERC, EH Bildu, CUP, BNG, Junts y PdECAT- leyesen detenidamente el articulado de aquella norma de reconciliación. Porque de seguir adelante con sus planteamientos estarían alentando la apertura de procedimientos en todas direcciones, no solo contra responsables del anterior régimen. Aunque quizá es eso lo que buscan, devolvernos al posfranquismo.