Es la espita más ruidosa y kafkiana de nuestra realidad política. Algo impensable en los países de nuestro entorno, donde existe un fuerte patriotismo constitucional que lleva al conjunto de sus ciudadanos y a todos sus dirigentes sin excepción a mostrar un apoyo desacomplejado a sus símbolos, incluidos el himno o la bandera.
Aquí, durante mucho tiempo se justificaron algunas actitudes trasnochadas y hasta ofensivas por el inmenso daño que la Dictadura causó a la propia identidad nacional. Pero hoy ya no cabe parapetarse tras esas excusas. La nuestra es una democracia perfectamente asentada y la del 12 de Octubre es una fiesta constitucional que si algo exalta son los valores compartidos de convivencia y libertad. Quedó regulada por Ley en 1987, cuando incluso se despojó a esta jornada de la denominación Día de la Hispanidad, cuyo uso sigue bastante extendido. Y además de servir para conmemorar nuestra ya larga historia como Nación, sin perder de vista por ello la rica pluralidad cultural y política de España, es cada año una oportunidad para reivindicar los fuertes lazos, sentimentales antes que nada, que nos unen a América. Por encima de todo, el idioma, el español, que hoy hablamos ya más de 500 millones de personas.
Por todo lo dicho, actitudes como la del Ayuntamiento de Badalona suponen una ofensa especialmente grave. Concejales de Guanyem –la plataforma catalana de Podemos liderada por Ada Colau–, ERC e ICV incumplieron ayer la prohibición de abrir las dependencias municipales que la víspera había decretado un juez ante el tosco intento consistorial de que el tercer municipio de Cataluña no guardara fiesta el 12-O. Más allá de la reprobación en el terreno político que este hecho suscita, no cabe pasar por alto que estamos ante un flagrante delito de desobediencia a la autoridad judicial que no puede quedar impune. Hoy mismo los ediles que ayer atendieron desafiantes a algunos ciudadanos en el Consistorio tendrán que declarar en el juzgado. El Código Penal establece que el delito de desobediencia está castigado con pena de prisión de entre tres meses a un año o multa de seis a 18 meses. Pero en el bochornoso espectáculo de ayer se dio, además, el agravante de escenificación y publicidad de la comisión del delito, por cuanto el tercer teniente de alcalde no dudó en romper el auto judicial ante las cámaras a modo propagandístico.
Es éste un ejemplo más de la deriva de confrontación y desaire que algunos imponen en su ridículo pulso con España y con la legalidad vigente. En el caso de Badalona, no olvidemos que la coalición que gobierna lo hace gracias al respaldo implícito de los concejales del PSC, partido que debería reorientar su estrategia de pactos municipalistas tras hechos así.
Hasta un total de 40 Ayuntamientos en Cataluña, en su mayoría gobernados por ERC, llevan años abriendo sus puertas el 12-O, aunque sin la propaganda desplegada en Badalona. También en su día Consistorios de Bildu en el País Vasco intentaron burlar la celebración del Día Nacional y sustituirla por cualquier otra jornada. Las sentencias del Constitucional y del Supremo dejan claro que la fijación de las fiestas nacionales es competencia estatal, de obligado cumplimiento. No hay debate en esta cuestión. Sobre la manipulación de la Historia y sobre el intento de banalizar los símbolos compartidos, por desgracia, estaremos en las mismas el año que viene.