El sector del automóvil es clave en la economía española. Los 2,27 millones de automóviles producidos en 2020 le colocan en el segundo puesto a nivel europeo, sólo por detrás de Alemania -el primero en vehículos industriales- y en el octavo mundial. Su actividad supone el 11% del PIB y da trabajo al 10,5% del empleo manufacturero, tan sólo superado por el sector agroalimentario. Es un motor de innovación y su dinamismo se ve con claridad, pues representa el 13% de las exportaciones del país. Pues bien, en una entrevista radiofónica realizada el pasado lunes, José Vicente de los Mozos, el presidente de Anfac, la patronal que agrupa a los fabricantes, se quejaba con amargura de la falta de noticias que tenían acerca de los planes del Gobierno para canalizar las ayudas europeas hacia tan relevante sector. Se ha hablado muchísimo de la transición energética a los vehículos eléctricos y no poco de fábricas de baterías y de planes de despliegue de las electrolineras que deben abastecer a los nuevos vehículos. Se ha hablado mucho, pero nadie sabe qué pasa con el PERTE (el Plan de Recuperación y Transformación) de un sector tan importante.

Sin embargo, ayer conocimos que el Gobierno piensa dedicar 100 millones a la modernización y rehabilitación energética de 42 edificios del patrimonio sindical, pertenecientes a la Administración General del Estado, cuyo uso está cedido a sindicatos y patronales. No sé que le parece, a mí un severo desorden, una alteración increíble de las prioridades. No tengo ni idea de cuál es el estado de la eficiencia energética de estos inmuebles, pero estoy seguro de que tanto los trabajadores como los empresarios se juegan una parte mucho mayor de su futuro con el automóvil -y con otras muchas cosas más- que con la temperatura de los edificios que acogen sus interminables reuniones.

¿Desde cuando sabemos -o mejor dicho esperamos- que lleguen 140.000 millones de euros en forma de créditos, la mitad, y de subvenciones, la otra mitad? ¿No hemos tenido tiempo para ocuparnos de su destino? No hemos sido capaces de establecer con detalle las condiciones, las prioridades, los canales de distribución ni los criterios de concesión. Si es así, ¿cómo es que hemos encontrado tiempo para revisar la eficiencia energética de estos edificios? ¿Quién y en base a qué ha decidido que son más importantes para el país que el sector del automóvil? Sólo por citar a uno de los muchos sectores de los que depende nuestra economía y que esperan la concreción del dinero que han de recibir para incentivar los proyectos de inversión que han planteado.