EN LOS AÑOS en los que el PNV, buscando pasar a la historia como el gran pacificador, firmó el acuerdo de Estella/Lizarra con Batasuna –corría 1998–, los sindicatos nacionalistas y una ETA en tregua para excluir a los no nacionalistas de la formación de la comunidad política vasca, hubo bastantes nacionalistas que, no estando de acuerdo con lo firmado por su partido, reaccionaron rebajando el significado de lo que suponía el pacto: «No es para tanto», decían.
Ésta ha sido la postura asumida por la mayoría de los partidos españoles frente al nacionalismo vasco y catalán en general, y en especial frente al proceso iniciado no con la propuesta de referéndum de autodeterminación de Mas, Junqueras y Puigdemont, sino con la propuesta de reforma confederal de la Constitución española, en fraude de ley, a través de la reforma del Estatuto de Cataluña impulsada por Maragall. Para pasar de la conllevancia a la convivencia, para dar acomodo a los nacionalistas, para fortalecer a los supuestos moderados y pragmáticos, había que concederles ventajas –en autogobierno, en cuestiones de política lingüística y educativa, en cuestiones competenciales y en gestos y palabras que reforzaran el reconocimiento de las respectivas naciones, y en financiación– para que se sintieran cómodos y no pensaran en romper el Estado.
El PNV se fue a Estella/Lizarra y firmó el acuerdo citado cuando ya se llevaban muchos años practicando por parte de los partidos y de las instituciones españolas esa política de rebajar el significado de lo que reclamaban y de ceder en casi todo con tal de que se mantuvieran en la moderación y en el pragmatismo. Y, en Cataluña, al hilo de la misma política, fueron los socialistas catalanes los que adelantaron en radicalidad nacionalista a los mismos nacionalistas proponiendo una España confederal, que no federal, resumida en la frase de Maragall: nuestras competencias blindadas y las del Estado a medias. Así hemos llegado a la situación actual.
Teniendo en cuenta el punto al que ha llegado el problema, y no sabiendo cuál va a ser la solución, al menos sí sería de interés repasar las fallas de todo este proceso. Es cierto que en la propia Constitución se confunde Estado y Gobierno central, con lo que el lenguaje utilizado por todos los políticos –repito, por todos– ha estado sumido en la confusión de no saber distinguir entre Estado y Gobierno central. Ello ha facilitado que los nacionalistas hayan colocado a sus comunidades autónomas fuera del Estado siempre que lo han creído conveniente, cuando en realidad se estaban refiriendo al Gobierno. Pero la confusión permitía ese salto.
Ninguno de los partidos que se califican a sí mismos de nacionales y con vocación de Estado se ha planteado a tiempo la necesidad de cerrar el proceso llamado autonómico, consecuencia de la indefinición obligada que se halla en la Constitución, dejando la puerta abierta a ulteriores evoluciones que han sido aprovechadas por los que sin la más mínima lealtad al conjunto, han utilizado la ambigüedad semántica permanentemente para alejarse de la lógica constitucional que, por muy abierta que sea en su indefinición inicial, no lo es para nada en su significado: la referencia a los pueblos de España en el preámbulo, la referencia a las nacionalidades, la apertura al autogobierno de las nacionalidades que ya lo tuvieran en el pasado, el reconocimiento de los derechos históricos en la Transicional tienen sentido siempre que se entiendan en la lógica que dice que el Estado español en su conjunto ni surge de sus diferentes partes, ni puede ser reconducida a sus partes originarias, ni por confederación, ni por derecho a la bilateralidad integral y exclusiva, ni por ampliación del Concierto económico a la relación política de Euskadi con el Estado. –Sería importante no olvidar que Cánovas concedió lo que hoy se denomina Concierto en sustitución de los Fueros, anulados con el propósito de que la nueva relación fiscal de las provincias vascongadas con el Estado sirviera a la incorporación de éstas al concierto económico de España–.
En la ya bastante larga historia de este despropósito, se han ido acumulando ambigüedades, malinterpretaciones, abuso de lenguaje, ignorancia intencionada de la lógica del sistema constitucional español, instrumentalización de las ideas, tacticismo permanente y sin visión del conjunto, negación de las mínimas reglas de entendimiento, argumentos forzados e insostenibles. Si no se revisa todo esto, sea cual sea la solución al problema actual, la simiente de la discordia seguirá estando presente en el horizonte político español.
Algunos ejemplos: no hay forma de definir la democracia si no es a través de varias definiciones. Democracia es voluntad del pueblo, Estado de derecho, cultura constitucional, aconfesionalidad del Estado, gestión del pluralismo, libertad de conciencia. Cada una de las referencia añade algo, si no se tienen en cuenta todas ellas, la democracia es malinterpretada y mal concebida.
No se puede hablar permanentemente de diálogo si no se dice cuál es la gramática que se debe respetar para que el diálogo sea posible. En un Estado de derecho, tal gramática es la Constitución. Fuera de ella no es posible el diálogo y apelar a él es una traición al lenguaje mismo. Sin respeto a la ley no hay diálogo en democracia. Es evidente que las leyes se pueden cambiar, pero siempre respetando las previsiones procesales y legales previstas para ello, no a partir de la nada y recurriendo al absoluto de una voluntad no ligada ni limitada por ningún derecho.
El derecho de autodeterminación no existe en el Derecho Internacional. Lo que existe en este derecho se ve perfectamente mirando a la Venezuela de hoy: el derecho de los ciudadanos venezolanos a un buen Gobierno. ¡En eso consiste el derecho de autodeterminación, en nada más –y en nada menos! La soberanía y las referencias a ella no arreglan nada: la soberanía nace para sustituir la legitimación del poder por parte de la voluntad divina. Por eso la soberanía es poder absoluto, indivisible, incomunicable, ilimitado e intransferible. Es decir: antidemocrático.
Lo que sí existe es el hecho histórico de unas sociedades, de unos pueblos, que han llegado a formar Estado, una gran conquista histórica. Lo que sí existe es el hecho de que muchos de esos Estados han logrado en la historia europea constituirse en Estados de derecho, en los que la soberanía y la voluntad constituyente llegan a ser democráticas porque se someten al imperio del Derecho y pasan a ser voluntad constituida. Esa voluntad constituida como Estado de derecho es algo a cuidar, a proteger, a revitalizar continuamente. Y ello requiere de una democracia militante, a pesar de lo que afirme el Tribunal Constitucional. Es un valor moral al servicio y como garantía de la libertad de los ciudadanos.
EN UN ESTADO de derecho y en comunidades que se definen oficialmente como bilingües no se puede ocultar una de las lenguas oficiales en la actividad llevada a cabo por la administración, ni en la educación ni en la propia actividad administrativa. Y en esta cuestión no hay nada que ceder ni que imponer en el diálogo con los nacionalistas: afirmar que una comunidad autónoma que cuenta con una lengua distinta a la castellana pueda tener competencia exclusiva sobre la lengua específica significa afirmar que la tiene también sobre la otra lengua oficial, pues en un espacio bilingüe la actuación sobre una de las lenguas incide en la otra necesariamente. Menos aún se puede decir que por tener una lengua específica debe tener competencias exclusivas en educación.
El federalismo es algo a lo que se puede querer llegar. Quien firma estas líneas es firme defensor del federalismo. Pero no sirve para usarlo como táctica en el debate político, ni para solucionar el problema del nacionalismo. En este caso sólo se hiere de muerte la idea misma de federalismo, que bastantes dificultades tiene por lo demás para ser aceptada por muchos ciudadanos españoles.
Los derechos históricos o se entienden dentro de la lógica del conjunto de la Constitución española o la revientan. Todas las confederaciones o se han transformado en federaciones –Suiza, EEUU–, o se han deshecho –Malasia/Singapur–.
Llama la atención que ante el problema catalán tal cual está planteado hoy, algunos opten por decir que la solución pasa por dar a Cataluña lo que tiene Euskadi. Euskadi ya tenía lo que tiene ahora cuando el nacionalismo vasco se fue a Estella/Lizarra con el resto de nacionalistas excluyendo a los que no lo fueran de la comunidad política vasca. Luego ésta no puede ser la vía de solución. Los nacionalistas vascos no han renunciado en su ideario a nada.
Es preciso repasar todo lo que se ha dicho y lo que no se ha dicho en la historia de la relación del Estado con los nacionalismos. Si no se hace, la próxima crisis está anunciada por bien que se solucione la actual con Cataluña.