Juan Carlos Girauta-ABC
- La Justicia tiene la última palabra, diga el Gobierno lo que diga, se ponga como se ponga y presione lo que presione
Muchos o pocos, bien o mal avenidos, estuvimos donde debíamos. Nadie sabe cómo acabará lo de los indultos; los vaticinios son cosas de psíquicos y de politólogos, que aciertan dos veces al día como el reloj. Por eso los muy calculadores se extravían. A día de hoy, la teoría de la complejidad, única aplicable a la sociedad y a las bandadas de pájaros, permite reconocer patrones, localizar vórtices, pero no da fotografías del futuro. Una razón más, por si la ética no bastara, para atenerse a los principios y valores sin miedo y sin esperanza. Para el descreído son la única guía. Para los partidarios de la democracia liberal y de la Constitución del 78, son la necesaria afirmación del marco que garantiza nuestros derechos y libertades.
El sanchismo también ignora este capítulo. Prefiere el cálculo y gusta de engañarse sobre la naturaleza del secesionismo. Por sobrevivir, simula no conocer la preferencia de los separatistas por las políticas de hechos consumados. Mezcla a los catalanes que vimos violados nuestros derechos con quienes los violaron y con quienes lo aplaudieron. Es lo de septiembre y octubre de 2017, aquel esperpento, aquella vergüenza, aquella deslealtad consumada, lo que muchos no pensamos perdonar. ¿Y quién tiene la autoridad moral para hacerlo en nuestro nombre?
El Gobierno puede mimetizarse con el nacionalismo y llamarnos anticatalanes. Puede otorgar la gracia inmerecida simulando que lo discrecional incluye lo arbitrario. La Justicia, por su parte, tiene la obligación de aclararle al Ejecutivo que se equivoca. De recordarle que el poder nunca puede actuar de forma arbitraria. De anular los indultos invocando preceptos y argumentos al alcance de cualquiera, toda vez que ya los dio a conocer en su informe preceptivo y no vinculante. El informe no es vinculante para el Gobierno. Bien. Lo que sí será vinculante para el Gobierno, y para todos los poderes públicos -incluyendo irredentas administraciones autonómicas con complejo de superioridad- es la resolución del recurso a los indultos. Es decir, que la Justicia tiene la última palabra, diga el Gobierno lo que diga, se ponga como se ponga y presione lo que presione.
En la Justicia confiamos pues como garantía última de la racionalidad del sistema, pues el Derecho nunca puede ser irracional. El Rey cumplió con su papel y lo hizo a pedir de boca. Un formato televisivo de 23-F en traje de civil, pues civiles eran los golpistas que, a diferencia de los que frustró su padre, le tocaron a él, símbolo de la unidad y permanencia de España. No conviene especular con lo imposible, que se niegue a firmar los indultos, pues se trata, como ocurre con el resto de funciones que le atribuye el artículo 62 de la Constitución, de «actos debidos». No puede, y por tanto no debe, actuar por propia iniciativa cuando desempeña tales funciones. Nadie lo ponga en duda si no desea agravar las cosas.