La aprobación de los Presupuestos Generales al término de este año concede a Pedro Sánchez el impulso suficiente como para llegar a 2023 sin demasiados contratiempos, dado que es impensable una entente parlamentaria para una moción de censura. Ésta es la garantía última con la que cuentan el presidente y el PSOE. Aunque la incógnita inmediata es si, como han indicado Unidas Podemos, ERC y EH Bildu, el trámite presupuestario ha dado lugar a una mayoría parlamentaria capaz de operar un viraje en el rumbo de la España constitucional, o si con la votación del próximo día 27 se acabarán tales apariencias, y Sánchez y la parte socialista del Gobierno empezarán a actuar por cuenta propia. La satisfacción política mostrada por los grupos que secundan los Presupuestos de 2021 es, en algunos casos, muy superior a los cambios económicos que han conseguido introducir en sus partidas. Pero por eso mismo no será fácil que Unidas Podemos, ERC y EH Bildu puedan hacer suyo el impulso que le permite a Sánchez continuar en la presidencia por inercia. Aunque su intención de proceder al marcaje de la acción de gobierno les lleve a impulsar iniciativas que comprometan a los socialistas a base de ruido.

Es previsible que de ahora a las elecciones catalanas del 14 de febrero y la formación del próximo gobierno de la Generalitat asistamos a un impasse repleto de gestos simbólicos y también de titubeos en el comportamiento de las formaciones más directamente implicadas en la liza. Pero si diciembre obligará a administraciones y partidos a contener la respiración ante el riesgo de una segunda ola epidémica, a partir de enero empezarán a aflorar los nervios respecto al acceso efectivo al Fondo europeo de recuperación. A su calendario, a la selección de los proyectos y a su ejecución. Nada de lo que los Presupuestos Generales han variado en su tramitación reviste importancia frente al destino que se le dé a los miles de millones de ese Fondo, cuya sola gestión resultará enormemente complicada. Tanto que las expectativas de que ese dinero llegue y a tiempo pueden dar lugar a decepciones políticas que señalen a La Moncloa, al tiempo que el presidente contará con la ventaja de adoptar decisiones que no requerirán del escrutinio parlamentario ni del parabién autonómico. El anuncio de que el Fondo Next Generation será repartido al 50% con las comunidades quedará en entredicho por su propia naturaleza. Porque la participación de cada territorio en los proyectos que Bruselas asuma estará determinada más por su consistencia empresarial que por lo que prefiera cada Ejecutivo autonómico. Ni siquiera la conversión del Consejo de Ministros, con Pablo Iglesias, en el órgano que dirija la operación podrá evitarlo.