KEPA AULESTIA, EL CORREO 23/10/13
· La sentencia de Estrasburgo interpela más a ETA y a la izquierda abertzale que a las instituciones del Estado.
La resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto a la aplicación de la ‘doctrina Parot’ en el caso de Inés del Río ha sido recibida con alborozo contenido por la izquierda abertzale. Los herederos de Batasuna han recibido la sentencia, a primera vista, como el acontecimiento que esperaban para desbloquear el ‘proceso de paz’. Aunque probablemente hayan encontrado en la Gran Sala de Estrasburgo la certificación que necesitaban para demostrarse a sí mismos que aun pueden ganar alguna batalla. Desde que el Tribunal Supremo consagró la ‘doctrina Parot’, y especialmente desde que hace dos años ETA anunció el «cese definitivo de su actividad armada», se fue convirtiendo para la izquierda abertzale en el muro que necesitaba derribar para hacerse valer.
El asunto debió estar presente en las conversaciones entre los enviados del presidente Zapatero y la interlocución etarra. El recurso de Inés del Río se convirtió después en la palanca llamada a poner en evidencia la impasibilidad del Gobierno Rajoy. El muro era en realidad el flanco más débil de la política gubernamental contra ETA. Los diecisiete magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional debieron compartir ayer una sensación de alivio porque el mandato de Estrasburgo les liberaba de una aplicación tan forzada de la legislación anterior a 1995. El propio Gobierno vasco, por boca del consejero Erkoreka, saludó la sentencia como el anuncio de un ineludible cambio en la política penitenciaria.
Es cierto que la comparecencia de los ministros de Justicia y de Interior, Ruiz Gallardón y Fernández Díaz, pareció inaugurar un nuevo tiempo. Un tiempo en el que el Gobierno tratará de diferenciar su ámbito de actuación respecto a las decisiones que vayan adoptando los tribunales con una escrupulosidad que no se había conocido hasta ahora. Su taxativa declaración de que la aplicación de la sentencia de Estrasburgo correspondía ineludiblemente al ámbito de la Justicia no fue solo una manera, por otra parte jurídicamente rigurosa, de salir del atolladero. El pronunciamiento medido del Fiscal General, Torres-Dulce, lo corroboró ayer. Se ha inaugurado una etapa en la que el Gobierno, de manera expresa y ostensible, se ceñirá al ámbito de lo que le es propio en la materia: la discrecionalidad a la que le faculta el ordenamiento en política penitenciaria, la actuación policial contra los últimos rescoldos de ETA, mientras se cura en salud prohibiendo administrativamente homenajes públicos a los excarcelados. Al tiempo se desentenderá, mediante la recurrente frase del «respeta y acata», de cuantas resoluciones vayan dictando la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo o el Constitucional en su caso que le resulten incómodas.
Ese es, por ahora, el triunfo del que puede jactarse la izquierda abertzale: haber contribuido a que esos dos poderes del Estado se retraten por separado y de manera nítida. No es un logro baladí, en tanto que la práctica revocación de la ‘doctrina Parot’ por parte del TEDH inducirá una actitud extremadamente cuidadosa en el tratamiento judicial de todo cuanto se refiera a una trama terrorista al borde de la extinción. Pero si bien parece clara la lista de los inmediatos beneficiarios de lo acontecido –los presos a los que se ha aplicado o podría aplicárseles la susodicha ‘doctrina’– la victoria que la izquierda abertzale celebra como si fuera suya puede volverse pírrica si ETA y los valedores de su pasado acaban creyéndose realmente que han triunfado.
La inercia alimentada por la espiral violenta ha generado una percepción errónea en dicho mundo: la convicción de que cualquier hecho que puedan interpretar como éxito –en este caso nada menos que ante el Tribunal de Estrasburgo– se convierte no solo en aval para seguir en sus trece sino en argumento para reclamar aun más concesiones a ‘la otra parte’. Hubo un tiempo en que ETA y la izquierda abertzale obtenían resultados de esa estrategia ‘de la escalera’, convirtiendo cada logro real o aparente –incluida sus demostraciones de fuerza al romper sucesivas treguas– en argumento para elevar un peldaño más sus exigencias. Pero, aunque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya excarcelado a Del Río, ETA por un lado y la izquierda abertzale por el suyo son quienes están siendo juzgados moral y políticamente por la sociedad.
El final de la ‘doctrina Parot’ puede permitir a ETA y a la izquierda abertzale aligerar la carga que para sus respectivas espaldas supone la existencia de presos con notoriedad y liderazgo contrastado, sin duda críticos con la acomodación institucional de los electos y cargos de EH Bildu y Amaiur y con la pasividad de Sortu. La noticia suscitó anteayer más alivio que desbordante alegría en determinadas esferas del nuevo mundo radical. Pero la sentencia pone también en entredicho –como sugirió el consejero Erkoreka– el modo en que la dictadura etarra continúa administrando los derechos humanos de sus activistas presos o dispersos.
La noticia de Estrasburgo supondrá un cambio de verdad si, lejos de animar a ETA y a la izquierda abertzale a enrocarse en sus posiciones, la una se decide a poner fin a su existencia y la otra logra normalizarse revisando críticamente su pasado. La única ocasión en la que el MLNV se esforzó en someterse a las reglas de la convivencia fue al redactar los estatutos fundacionales de Sortu, de recomendable lectura para sus bases. Pero si el pretendido diálogo sobre la modificación de la política penitenciaria se presenta desigual no es solo porque el Gobierno tiene la llave de las cárceles, ni siquiera porque la mención a tal necesidad se haya convertido en un latiguillo recurrente que quienes la invocan no son capaces de concretar. La desigualdad radical de ese implícito diálogo estriba en que los excarcelados son homenajeados en la convicción de que nunca debieron entrar en la cárcel ni ser condenados por acciones, desafortunadamente cruentas, que representaban la defensa de derechos inalienables del pueblo vasco. Nada más elocuente que el apellido que lleva la doctrina desestimada.
KEPA AULESTIA, EL CORREO 23/10/13