Editorial, DIARIO VASCO, 2/7/11
La aparente voluntad del Gobierno de acabar la legislatura no depende únicamente de su actuación
El hecho de que el debate sobre el estado de la nación se centrara, más que en el contraste de los proyectos políticos de Gobierno y oposición, en el balance del mandato que finaliza de José Luis Rodríguez Zapatero y, sobre todo, en la incógnita de hasta cuándo podrá el presidente apurar la legislatura se ha acabado proyectando sobre las propuestas de resolución aprobadas. Es más: el contenido literal y práctico de las mismas ha terminado solapado por lo que ello significa para la supervivencia del Ejecutivo. En este sentido, resulta tan llamativo como seguramente estimulante para los socialistas que éstos lograran sacar adelante, en plena debilidad, las 90 votaciones que se registraron en el Congreso, sin perder una por primera vez desde que Rodríguez Zapatero accediera a La Moncloa. Pero el aliento que el debate y sus consecuencias hayan podido insuflar al ánimo del PSOE y, más en concreto, a la aparente voluntad del presidente de llevar hasta el final -marzo de 2012- su segundo y último mandato no despejan los interrogantes sobre la continuidad de la legislatura. Especialmente cuando la misma no depende únicamente de la determinación que tenga o no el Ejecutivo de acabarla, sino de la fidelidad de los apoyos externos que logre preservar y de la todavía incierta evolución de los acontecimientos económicos.
Junto a ello, la inminente designación oficial de Alfredo Pérez Rubalcaba como aspirante a la presidencia del Gobierno provoca un efecto paradójico, porque su elección recuerda, precisamente, que la legislatura se adentra en su tramo final y cuestiona, al tiempo, la permanencia misma del ministro-candidato en el Ejecutivo. La aprobación de una resolución primero en el Congreso y después por el Consejo de Ministros para ampliar la protección de los hipotecados bajo amenaza de deshaucio y el impulso por el Gobierno de un nuevo paquete de medidas socio-económicas han sido interpretadas tanto como un guiño al movimiento 15M, como un intento de virar el discurso socialista hacia la izquierda a modo de preparativo de la campaña de Rubalcaba. Pero sin obviar que la iniciativa sobre los hipotecados fue adoptada con la anuencia de todos los grupos, lo que relativizaría su perfil ideológico, las dificultades y desafíos del Ejecutivo siguen estribando en culminar las reformas pendientes y en evitar que las cuitas partidistas ‘contaminen’ la acción gubernamental.
Editorial, DIARIO VASCO, 2/7/11