El qué de la polémica laboral ya pasó la prueba parlamentaria con un aprobado raspado, a la espera de la resolución del Tribunal Constitucional. Pero el cómo se logró esa votación sigue provocando cruces de reproches y acusaciones de hondo calado porque está acarreando consecuencias nefastas para la maltrecha legislatura. Si el error del diputado del PP, Alberto Casero, logró la validación del decreto ley por la diferencia de un voto, la principal víctima de las ansias insaciables de los mercaderes de la política ha sido Unión del Pueblo Navarro que ha terminado con sus dos diputados en el alero de la expulsión por no haber acatado la disciplina de voto.

El desatino vivido en el Congreso la pasada semana no se puede olvidar tan fácilmente. No se debe pasar página, como le gustaría a La Moncloa. Porque fue una sesión grotesca tan grave que traerá consecuencias. Las formas, con sus trampas y engaños, son importantes en política en donde no todo debería valer.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, debería dar explicaciones sobre su comportamiento porque incumplió la verificación del sentido del voto del diputado del PP al desoír su petición de repetirlo. No es de recibo que quede la mínima sospecha de que se haya producido un ‘pucherazo’.

El voto contrario de los dos diputados de UPN (héroes para unos, villanos para la dirección de su partido) deja a este partido sin representación parlamentaria. A Sergio Sayas y Carlos García Adanero, el presidente del Gobierno les ha hecho ‘antisanchistas’, sobre todo cuando el PSOE pactó con Bildu un Gobierno alternativo al partido más votado en Navarra. Y votaron en consecuencia contra la reforma laboral. Recibieron la orden de votar a favor y, al no estar de acuerdo con el viraje, optaron por decir que acatarían la disciplina de voto para luego saltársela. Serán expulsados ¿Son unos tránsfugas? ¿Es acaso Esparza, con su cambio, el tránsfuga? La expulsión es una medida desproporcionada si se recuerda cuántos casos de indisciplina de voto se han saldado con una amonestación o una multa. La de la propia Meritxell Batet, por ejemplo, que se rebeló contra el voto de su partido cuando se mostró partidaria del derecho a decidir. El PSOE la multó. Y hoy es la tercera autoridad institucional del Estado.

¿Qué hubiera pasado si los dos congresistas díscolos hubieran contado en el hemiciclo que el PSOE les quiso comprar el voto a cambio de retirar la reprobación al alcalde de Pamplona y una inversión de 27 millones y que en defensa de su coherencia rechazaban el intercambio?

Es una hipótesis. La situación no se podría dar porque, para eso, tendrían que haber manejado una información que Esparza no les facilitó.

El centro derecha sufre una sacudida y mantiene una brecha abierta. Casado (no a la reforma) Esparza (sí a la reforma) y sus dos partidos cohabitan en la coalición ‘Navarra Suma’ en la comunidad foral. UPN tendrá que hacer pedagogía con sus seguidores. No pueden permitirse la implosión de la primera fuerza constitucionalista en un territorio cercado por la expansión independentista.

Al final han quedado todos descolocados menos Sánchez. Se ha colgado la medalla de la reforma maquillada y le importa poco que el PP lleve la polémica votación a los tribunales. Le han castigado sus socios de investidura pero solo un rato. ‘Frankestein’ volverá. El desprestigio del Congreso está superando los límites. Nos queda Europa y la justicia. Veremos por cuanto tiempo.