Las lenguas sirven en España para hablar, claro, pero sobre todo para montar animadas broncas derivadas de su uso como códigos semánticos de identidades profundas. Ahora estamos inmersos de hoz y coz en una de ellas, a cuenta de la autorización del uso de las lenguas vernáculas en el Congreso de los Diputados y de la petición del Gobierno español a la UE para que sean declaradas lenguas oficiales en Europa el catalán, el gallego y el euskera. Lo más propio de los líos es la confusión y así sucede en este caso. A intentar deslindar las cuestiones de muy diversa índole envueltas en la algarabía que nos domina se enderezan estas líneas.

Por un lado, tenemos una cuestión simbólica: la introducción del uso de las lenguas vernáculas en el Congreso es un símbolo importante de que la izquierda española íntegra ha decidido de manera estratégica ir transitando desde una concepción constitucional (a) del pueblo español como unidad de ciudadanos y sujeto único de la soberanía a (b) otra de ese mismo pueblo como suma de pueblos diversos o instancias territoriales que han pactado una unión. Lo de las lenguas es solo un paso más en esa dirección; de momento, de valor limitado como lo patentiza el hecho de que la traducción de los discursos parlamentarios funciona en una sola dirección: se traduce de la lengua vernácula al castellano, no al revés, lo cual sería el paso verdaderamente grave. Porque al hacerlo de esta manera asimétrica -como se hace, por otra parte, también en el Parlamento vasco- se reconoce la superioridad implícita del castellano, que es la única lengua oficial en todo el espacio nacional, la única de conocimiento universal o común y la única de conocimiento obligado.

De esta limitación implícita del paso dado nace la sorpresa que causa la petición del Gobierno a la Unión Europea para que reconozca como lenguas oficiales en toda Europa a las regionales españolas: se está pidiendo un estatus de oficialidad completa que no se concede en España, ni antes ni ahora. Si la petición hubiera prosperado -lo que era impensable dado que los Estados europeos no están en tareas de demolición, como le sucede al nuestro-, toda la producción normativa y la actividad institucional europea deberían haberse traducido al catalán, con interpretación simultánea en el Parlamento no solo desde el catalán, sino también al catalán. Absurdo: lo que no va a suceder en España se pide, en cambio, para Europa.

Lo cual nos lleva al otro aspecto de la cuestión: el institucional. Mucho más grave que el anterior porque afecta directamente al funcionamiento democrático de las instituciones. En concreto, pone de manifiesto que la izquierda española no distingue ya -o le da igual esa distinción- entre las instituciones estatales -en este caso, el Gobierno- y el propio partido político. Más bien considera, parece, que aquellas están al servicio de sus intereses de parte.

Recapitulemos lo sucedido en agosto: proceso de elección de la presidencia del Congreso, candidata socialista Armengol en marcha, los independentistas catalanes exigen como condición de sus votos que el Gobierno en funciones pida a Europa la cooficialidad, dicho Gobierno -que por ley está limitado a la gestión de los asuntos de trámite salvo casos de urgencia extrema o interés general demostrado- cursa de madrugada el día 18 la petición a la Unión. Condición cumplida, candidata votada. Pero ¿qué interés urgente y general de España -porque hablamos del Gobierno de España- concurría en ello? ¿No era más bien un interés urgente, sí, pero solo de los partidos que apoyaban a la candidata? ¿Cómo puede confundirse el interés general del país con el interés de parte de uno o varios partidos? ¿Y cómo puede la Abogacía del Estado informar favorablemente la urgencia e interés general de la petición?

España ha podido pedir a la Unión la cooficialidad de sus lenguas regionales o alguna de ellas desde 2004 en que comenzaron los tanteos de Zapatero en esa dirección. Casi veinte años y, de repente, se vuelve urgente en una noche de 2023. ¿Por qué? Porque de otra manera Armengol no recibirá los votos y no saldrá elegida ¿Y es de interés público y general que lo sea? Más bien no, es interés solo de una parte del espectro político; interés muy legítimo, pero de partido. Aunque sucede, eso sí, que esa parte ocupa el Gobierno de España y, por arte de birlibirloque, en este caso arte de autócrata, puede convertir una cosa en otra, el interés de uno en interés de todos. Vieja confusión, recurso típico de los populistas.

Y lo llamativo, porque es el signo más preocupante de la degeneración democrática en que nos estamos adentrando, es que nadie protesta, nadie alza su voz. El país está ocupado en hacer justicia expeditiva a los besuqueos de un pobre hombre, no tiene tiempo para estas nimiedades.