EL CORREO 26/11/14
· El analista político Kepa Aulestia subraya en una charla en Vitoria «el quebranto moral» que supuso el ‘impuesto revolucionario’ en Euskadi
¿Cómo funcionaba la extorsión de ETA en Euskadi? ¿Cuál fue su impacto personal y económico? El Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto está elaborando un estudio académico que buscará dar respuesta a éstas y otras preguntas en relación a una de las «vertientes más ocultas» del terrorismo en el País Vasco.
En la iniciativa, que partió en un inicio de la ya extinta asociación Bakeaz, participan historiadores, juristas, economistas, así como sociólogos, y se espera que sus frutos salgan a la luz en un plazo aproximado de un año. La Universidad de Deusto lleva meses trabajando en este estudio, sin duda una de las ‘patas’ que forman parte del capítulo terrorista, pero que ha permanecido en un segundo plano, no solo por el silencio de sus víctimas, sino por la brutalidad de sus asesinatos. El Centro de Ética Aplicada se encarga de recopilar testimonios de personas que sufrieron en sus carnes el chantaje de ETA, como también de quienes fueron testigos de dicha actividad delictiva y de sus consecuencias. Con el objetivo de recabar el mayor número de experiencias, la Universidad de Deusto ha habilitado un espacio concreto en su web www.etica.deusto.es en el que quienes se decanten por participar en el estudio puedan rellenar un cuestionario confidencial con este fin.
Serán una decena de profesionales los encargados de elaborar el informe definitivo en el que se abordarán los efectos, en diferentes ám-
Kepa Aulestia. bitos, del ‘impuesto revolucionario’. Una amenaza que, en unas primeras estimaciones, podrían haber sufrido unas 10.000 personas. En su mayoría, empresarios.
«Nuestro 3% de corrupción»
La Universidad de Deusto prefiere llevar a cabo este trabajo de forma discreta. Ahora bien, desde otro ángulo más público, ha querido arrojar luz sobre esta terrible práctica que se llevó a cabo «entre mediados de 1977 y abril de 2011» organizando, junto con la Diputación de Álava, un seminario sobre esta materia. Una cita que ayer se encargó de clausurar en Vitoria el analista político Kepa Aulestia.
Resulta «imposible» precisar el número de amenazados y «mucho menos su identidad» o el «daño causado» durante 34 años. «Es la vertiente más opaca del terrorismo de ETA», pero también, según apuntó Aulestia, «nuestro propio 3% de corrupción». «En este caso, para financiar la barbarie y la persecución del prójimo», remarcó.
El columnista de EL CORREO se detuvo en su discurso en varios de los aspectos que daban forma al aparato recaudador de la banda terrorista. Un sistema que, consideró, podría denominarse «de proximidad»: «No se reclaman fondos al enemigo de clase o a un objetivo lejano, sino a los supuestos adinerados de la comunidad vasca». En estimaciones del profesor Mikel Buesa, recordó ayer Kepa Aulestia, sumarían en torno a «125 millones» los recaudados durante tres décadas. Es decir, tres millones y medio por año.
Pero si algo ha dejado tras de sí el ‘impuesto revolucionario’ de ETA es, junto al perjuicio económico, personal y familiar, «el quebranto moral por la callada asunción de una realidad opresiva». Y es que, fue ese silencio que los amenazados guardaron mientras eran objeto de dicha extorsión el que puso sobre la mesa la «delicada cuestión» de hasta qué punto quienes accedieron a pagar fueron «víctimas del chantaje» o en qué medida llegaron a «deslizarse hacia la connivencia y la complicidad» con dicha práctica.
«Interés de demora del 5%, ‘objetivo potencial’ en el plazo de un año y medio, síndrome de Estocolmo, emplazamientos a través de familiares…». «La voluntad de las víctimas –subrayó– quedaba alienada» porque la extorsión era algo «paralizante».
En mayo de 2007, cinco meses después del atentado de la T-4, ETA envió una oleada de cartas, evocó Aulestia. El 3 de diciembre de 2008, la banda asesinaba al empresario Inaxio Uria por su implicación en las obras del TAV y por «negarse a pagar». El paulatino debilitamiento de ETA generó «una desorbitada ambición recaudatoria», pero también, apuntó, una «incapacidad para proceder al cobro». El 26 de abril de 2011 la banda terrorista «cancelaba» el ‘impuesto revolucionario’.