Arcadi Espada, EL MUNDO 06/12/12
IRENE RIGAU, la consejera catalana de Educación, se añade a la larga lista del desacato español, donde figuran Esperanza Aguirre, Javier Arenas, José Montilla o Artur Mas. Todos ellos y decenas de personajes secundarios (navarros que se niegan a aplicar la ley del aborto, baleáricas que se fuman la ley del tabaco o vascas que ignoran la educación y su ley), están rebajando la calidad de la democracia española y legitiman cualquier okupación del espacio moral.
El reproche público que encuentran estas actitudes cada vez es más débil. La taifa española, una taiga de legalidad, ha acabado por convencer a sus ciudadanos de que la ley es divisible: una suerte de prestigioso relativismo local impera. Corrientemente el desacato no llega a su ejecución, o si llega se camufla detrás de muros legislativos y políticos; pero sí llegan con nitidez, con ínfulas y hasta con matonismo, las amenazas de desacato. No veo que en el Código Penal español estén previstas estas situaciones. Este tipo de amenaza genérica solo consta para la amenaza terrorista.
A poco que se piense es perfectamente natural: ¡qué código penal podría prever que el legislador amenace con no cumplir las leyes que promueve y sanciona! Pero así como la amenaza terrorista es una excepción que se justifica por la extrema gravedad de la amenaza, así también debería tipificarse la excepción por la posición social peculiar que a veces ocupa el que amenaza. Si yo amenazo con no cumplir las leyes, el juez esperará a que se formalice, al menos en grado de tentativa, el delito.
Pero la amenaza del político tiene un mayúsculo valor cualitativo, y es en razón de este valor como debería ser juzgada. La amenaza política de desacato extiende entre los ciudadanos la desmoralización, en un preciso sentido etimológico, y disemina el gas letal de que al margen de la ley gobiernan unos valores, supuestos, formalizados y promulgados por el que desacata, para cuyo predominio pide además la complicidad delictiva de su pueblo, también un demos rígidamente diseñado para cada ocasión. Escandaliza que un legislador incurra en la amenaza de desacato; pero más aún que su actitud no merezca castigo. Puede que bíblicas proclamas de referéndum subviertan la Constitución. Pero es el referéndum que pierde cada día el que la deroga.
Arcadi Espada, EL MUNDO 06/12/12