Hay políticos que creen firmemente que basta con que sus ideas, por peregrinas que sean, se publiquen en el Boletín Oficial del Estado para que formen parte de la realidad material. Tal idealismo visionario es el que exhibió Teresa Ribera, entonces ministra en España, hace ocho años, cuando afirmó, con la rotundidad del converso, en el Congreso de los Diputados, que «los días del gasóleo están contados». Pretendía entonces una rápida sustitución de ese combustible por otras fuentes energéticas no contaminantes, sin tener en cuenta que los procesos de sustitución entre tecnologías no obedecen ni a los deseos de los gobernantes ni a los dineros que estos puedan repartir para torcer voluntades. Los economistas ocupados en estos menesteres sabemos, gracias a los estudios de Zvi Griliches sobre la difusión del maíz híbrido en Estados Unidos, que tales transformaciones dependen esencialmente de las ventajas y la rentabilidad que perciben los adoptantes de la tecnología, así como de las estrategias desplegadas por los productores de estas para adaptarse a las necesidades de los potenciales demandantes. Este conocimiento quedó bien establecido en 1957, cuando Griliches publicó su primer trabajo al respecto, pero ya se ve que, en las facultades de Derecho, como la que formó a la mencionada política, no se entretienen con semejantes nimiedades. Claro que lo malo es que las ideas inicuas, cuando se cuelan dentro de los textos legales, pueden provocar desastres inesperados. Esto es lo que está ocurriendo con la cuestión de los motores diésel que se alimentan con el gasóleo. Y no porque vayan a averiarse, sino porque muchos no podrán ponerse en marcha, en Europa, debido a la crisis del suministro de tal combustible. En esto han influido el cierre de una buena parte de las refinerías petroleras —gracias a la política impulsada desde Bruselas—, las restricciones a la exportación arbitradas por Trump en Estados Unidos y las sanciones a Rusia. Todo un cúmulo de disparates cuando aún las cuatro quintas partes del transporte terrestre y la casi totalidad del naval, junto a la movilidad de la maquinaria agrícola, los vehículos militares y cuatro de cada diez turismos, dependen del gasóleo. Añádase a ello el desorbitado aumento de los precios y completaremos la representación del desastre.