- Su fracaso con los lamentables decretos sobre vivienda deben ser su epitafio político definitivo
El fracaso de Pedro Sánchez con el rechazo a sus dos decretos sobre vivienda, ambos chapuceros, improvisados, perjudiciales y sectarios no tiene nada de sorprendente: es la simple constatación de la indigencia parlamentaria de un presidente que, simplemente, nunca debía haberlo sido en esas condiciones y no debe seguir siéndolo ni un minuto más, por mucho que se atrinchere en el poder por razones ajenas a su función y más propias de quien quiere usarlo como escudo para problemas judiciales del mayor rango.
Nadie debe engañarse: el rechazo a ambas improvisaciones no es una mala noticia para nadie, por mucho que desde las trincheras mediáticas y políticas del gobierno se haya querido colocar la pavorosa mentira de que de ello dependía una mejoría en las aspiraciones a tener un techo o conservarlo para millones de personas.
Al contrario, de haber prosperado los engendros regulatorios de la Moncloa, a los problemas obvios ya existentes se les hubieran añadido otros nuevos para crear un paisaje aún más devastador: intervenir en la propiedad ajena puede resultar apetecible para determinadas trincheras ideológicas y seducir a los menos exigentes en materia política; pero solo sirve para restringir aún más el mercado de viviendas disponibles y, al agravar el evidente desajuste entre la oferta disponible y la demanda existente, disparar los precios por encima de los ya habituales.
En ocho años de «sanchismo» la vivienda se ha encarecido entre un 50% y un 90% según la modalidad para el arrendatario o para el comprador; los desahucios han alcanzado a cerca de 300.000 personas y las «okupaciones» han provocado 16.000 denuncias anuales y, por no extendernos en la retahíla de despropósitos, la fiscalidad vigente en cada operación roza e incluso supera un tercio del importe total.
Difundir la idea de que todos esos quebrantos se podían solventar a golpe de decreto, enterrando la seguridad jurídica inherente al Estado de derecho y profanando la hegemonía de la propiedad privada, definitoria siempre de una auténtica democracia, es una estafa para los vulnerables y un atraco para el conjunto de la ciudadanía, por mucho que un grupo de alterados «okupas» en la Puerta del Sol se hagan las víctimas y profieran burdos cánticos antisistema.
El acceso a la vivienda solo puede mejorar si la oferta es igual o superior a la demanda, y eso solo se puede lograr por dos caminos: elevando la construcción ahora hundida, lo cual lleva un tiempo y existe una agilidad administrativa ahora inexistente; o seduciendo a los propietarios para que pongan pisos en el mercado del alquiler con un catálogo de medidas de protección, de pago seguro y de reconocimiento social incluso.
Justo lo contrario de lo que se ha hecho, en un viaje populista intolerable que criminaliza a los propietarios y traslada a los ciudadanos una responsabilidad genuina de los poderes públicos, cuya incompetencia dolosa se pretende camuflar ahora con unas dosis inaceptables de confrontación y demagogia.
Si el problema concreto obliga a Sánchez a devolverle la decisión a los ciudadanos, el marco general en el que sobrevive a duras penas lo hace aún más urgente: no ha ganado en las urnas, no tiene mayoría parlamentaria, carece de Presupuestos y es incapaz de ofrecer a la sociedad algo más que tensión, bloqueo, crispación y parálisis.
Todo ello en un contexto de corrupción, ataque a los poderes del Estado, degradación de la vida pública y tentaciones delictivas de su entorno, escandalosamente resumida en la trama mafiosa que barajó la forma de eliminar incluso a la juez responsable de investigar al hermano del líder socialista. Ya está bien, pues: Sánchez tiene secuestrada a la democracia española y liberarla es la única manera de empezar a restañar el inmenso daño provocado por el peor presidente que ha tenido y quizá nunca tendrá España.