Piden al juez que identifique tres teléfonos con los que se comunicaron los imputados los días del ‘soplo’ y al saberse investigados. Durante cinco años de instrucción no se ha identificado a quienes usaban los tres teléfonos ahora investigados.
Diecisiete llamadas desde tres números de teléfono, dos móviles y uno fijo, registrados a nombre de la Subsecretaría de Estado del Ministerio del Interior. Esos tres números recibieron llamadas de dos de los tres imputados por el ‘chivatazo’ a ETA antes, durante e inmediatamente después de que se produjera la delación policial al aparato de extorsión de la banda terrorista el 4 de mayo de 2006. A esos móviles del departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba también telefonearon los sospechosos cuando cuatro meses después, ya en septiembre, supieron que Baltasar Garzón acababa de abrir una investigación para investigar la filtración. Sin embargo, ese tráfico telefónico no fue analizado en el extenso informe que la Policía hizo en enero de 2007, y en el que se detallaba todo el cruce de llamadas de esos días entre los supuestos principales protagonistas del ‘soplo’.
En ninguno de los atestados realizados en la larga instrucción de la Audiencia Nacional se identifica quién, dentro del Ministerio del Interior, usaba esos teléfonos oficiales: los móviles 62940XXXX, el 68674XXXX y el fijo 91537XXXX. Como dirección de todos ellos figura las dependencias del Ministerio en la calle Amador de los Ríos número 7 de Madrid, justo a las espaldas del palacio del Paseo de la Castellana número 5 donde se ubica la sede principal de Interior.
Según explicaron este martes responsables judiciales, las únicas referencias a esas 17 misteriosas llamadas y a esas tres terminales han aparecido en anexos a los informes policiales, sin que la Fiscalía se molestara durante los casi cinco años transcurridos desde el ‘soplo’ en pedir al entonces instructor del ‘chivatazo’, Baltasar Garzón, que ordenara identificar a los usuarios.
Ayer la Asociación Dignidad y Justicia, acusación popular en el sumario sobre el ‘chivatazo’ y que ha tenido acceso a esos anexos, pidió por primera vez al nuevo juez del caso, Pablo Ruz, que ordene al Ministerio del Interior desvelar quiénes usaban esos teléfonos y que esos tres funcionarios o altos cargos declaren, en principio como testigos, ante el magistrado.
Sólo los usuarios de esos teléfonos pueden desvelar el contenido de aquellas conversaciones -algunas de ellas fallidas- y si éstas guardaban relación con la delación, ya que esas terminales no estaban ‘pinchadas’ y únicamente se conoce el tráfico de llamadas, los destinatarios y receptores, y la duración de las mismas. Garzón sólo autorizó intervenir los teléfonos de los tres imputados, el ex director de la policía Víctor García Hidalgo, el jefe superior del Cuerpo Nacional de Policía en Euskadi, Enrique Pamiés, y un inspector de Vitoria, en agosto de 2006.
Oficina de cobro
Dignidad y Justicia ha pedido además al juez conocer las llamadas hechas desde esos teléfonos desde el 1 de mayo de 2006, tres días antes del chivatazo, hasta el 16 de septiembre de ese mismo año, cuando los principales implicados intercambiaron llamadas tras conocer que la Audiencia Nacional había abierto la investigación para esclarecer el ‘soplo’ a Joseba Elosúa, el dueño del ‘Bar Faisán’ de Irún, que supuestamente era usado por ETA como oficina de cobro del impuesto revolucionario.
Según el colectivo de víctimas, conocer quiénes usaban esos teléfonos oficiales y de qué hablaron en esas llamadas tiene «relevancia e interés suficiente como para que sean tenidos en cuenta a la hora de esclarecer los hechos objeto de investigación puesto que dichas llamadas quedan enmarcadas dentro del espacio temporal en el que se producen las llamadas entre los imputados y las personas que han sido investigadas como presuntos autores de la delación del día 4 de mayo».
Un día después de que Ruz acordara reactivar la investigación a pesar de la oposición de la Fiscalía, Dignidad y Justicia también reclama que se interrogue al comisario jefe accidental de la Unidad Central de Información por las supuestas presiones sobre los investigadores del soplo y a otros funcionarios y mandos que trabajaron en la operación contra la red de extorsión y las investigaciones posteriores una vez se produjo el ‘chivatazo’. Sus versiones tienen «contradicciones», según la acusación popular.
«Ruz ha dejado a Rubalcaba tiritando»
El PP volvió ayer al ataque a cuenta del ‘chivatazo’ y la decisión del juez Pablo Ruz de reactivar la investigación. Según la portavoz en el Congreso de los populares, Soraya Sáenz de Santamaría, el «auto del juez ha dejado a Rubalcaba tiritando». El partido de oposición, que por escrito y de manera oral ha pedido explicaciones al Gobierno en el Parlamento en más de 30 ocasiones sobre este caso, volverá a hacer otra pregunta sobre el soplo policial al vicepresidente en la sesión de control de hoy. «No puede seguir callado», apuntó la dirigente del PP, quien acusó al ministro del Interior de «desviar la atención y hasta negar» que se hubiese producido una filtración al aparato de extorsión de ETA. «Rubalcaba tiene que empezar a decir la verdad o al menos a intentarlo», apostilló la portavoz.
EL CORREO, 26/1/2011