la crisis social, la crisis económica, la crisis política, la crisis de la Monarquía, la crisis autonómica, la crisis sanitaria, la crisis financiera, la crisis empresarial, la crisis judicial y la crisis educativa.

Van a llegar todas juntas en septiembre, y hasta puede que alguna se adelante. Cada una de ellas más dura que las vividas en todos los años de la Democracia. Será la tormenta perfecta sobre España, sin que se salve ninguna de sus instituciones. Y con una enorme escasez de recursos económicos y humanos, los 140.000 millones de ayudas europeas serán insuficientes y tardarán en llegar.

La actual estructura del Estado, con 17 autonomías que luchan entre sí por acentuar las diferencias hasta en las necesidades más básicas de los ciudadanos, originan un gasto extraordinario e innecesario insoportable e imposible de mantener. La única solución es articular en torno al Estado una recentralizacion de algunos sectores básicos que ayuden, además, a mantener los mínimos exigibles de solidaridad social y cohesión territorial e histórica.

Las tensiones entre los llamados poderes del Estado -legislativo, ejecutivo y judicial- han llevado a la paralización y desvirtuación del propio sistema democrático, con interferencias continuas y una subordinación de las otras dos al ejecutivo. Se ha convertido en un mal endémico en todas las democracias occidentales, que se manifiesta también en el mundo empresarial y financiero, que no tiene cura pero sí tratamiento. Un proceso de tensión contínua que debe estar vigilado por los ciudadanos a través de reformas en el sistema electoral que eviten la dictadura interna que se da en los partidos.

Los deseos independentistas en Cataluña y Euskadi, sobre todo pero que siguen creciendo en Galicia, repercuten y alteran por completo la vida política en todo el Estado y en todos los niveles. Sus consecuencias se extienden por toda la sociedad y por toda España. Ninguna de las 17 Autonomías va a querer tener menos derechos que otras. Regresar diez siglos atrás para diferenciar derechos en el siglo XXI no es más que un anacronismo, que la Constitución de 1978 y los diferentes Estatutos de Autonomía no han sabido resolver.

Una de las mejores pruebas de la necesidad de afrontar y reorganizar la separación de los tres clásicos poderes se está viviendo con la crisis de la Monarquía constitucional en la persona del Rey Juan Carlos, crisis que ha tenido y tiene en el llamado cuarto poder, los medios de comunicación y su independencia, una de las claves para comprender la intensidad de la misma, por un lado, y el silencio acumulado durante años, por otro.

El tsunami que se avecina es imposible de evitar. Se trataría, por parte de los capitanes que dirigen los partidos, de asumir su responsabilidad política con los ciudadanos y paso a paso disminuir los efectos y la duración de la tormenta, haciendo frente una por una a las diez crisis. Responsabilidad que debe traducirse en acuerdos de Estado que dejen a un lado los personalismos y los planteamientos partidistas e ideológicos más radicales. A la vista de lo sucedido hasta ahora las esperanzas son muy pequeñas.

*** Raúl Heras es periodista.